* Las Leyes de Reforma, base del México moderno * Entregar a la Iglesia un bien nacionalizado, un retroceso México, D F, 27 de junio (apro)- Mientras Francia celebra en este 2005 el centenario de su ley de separación Iglesia-Estado y hasta propone la laicidad como sistema internacional, el actual gobierno de México parece empeñado en hacer las mayores concesiones a la Iglesia, pese a que su historia como Estado laico tiene más años que la francesa El caso más reciente --que comienza ya a ser cuestionado por la opinión pública-- es la cesión del Oratorio de San Felipe Neri el Viejo, ubicado en República de El Salvador en el Centro Histórico, junto al llamado oratorio nuevo, donde actualmente está instalada la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) A la indignación se suma la sorpresa Y es que el gobierno no sólo ignora hechos históricos de sustancial importancia en la construcción del México moderno, tales como la nacionalización de los bienes propiedad de la Iglesia ocurrida entre 1856 y 1861 Parece olvidar también la historia reciente, cuando apenas hace dos años y medio, en enero de 2003, se intentó entregar a la Arquidiócesis de México el edificio del antiguo Palacio del Arzobispado --localizado en la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional-- para crear ahí un museo de arte sacro Con el propósito de evitar que este hecho volviese a darse en el futuro la senadora priista Dulce María Sauri Riancho propuso, en diciembre de ese mismo año, modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales Su propósito, explicó en su momento, fue "mantener bajo el dominio y uso de la Nación aquéllos bienes provenientes de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859" En su exposición de motivos mencionó lo ocurrido con el exarzobispado y agregó: "Ante lo que importantes organizaciones de la sociedad civil consideraron como amenaza de una regresión histórica, presenté la iniciativa para eliminar una laguna legal que pudiese provocar decisiones del Ejecutivo Federal, ajenas a la historia y a la tradición liberal del pueblo de México" Lección de la historia Fue en otro documento, emitido en abril de 2003, cuando la senadora desglosó los hechos históricos que llevaron al país a la desamortización de los bienes eclesiásticos en la conocida como Ley Lerdo --por haber sido promulgada por Miguel Lerdo de Tejada-- cuyos preceptos esenciales quedaron plasmados en la Constitución de 1857: "El Partido Conservador buscaba la anulación de la nueva Constitución, el regreso al clero de los bienes que le habían sido expropiados y la restauración de los fueros eclesiástico y militar, suprimidos por la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como Ley Juárez, promulgada el 23 de noviembre de 1855" Se desencadenó entonces "una cruenta Guerra Civil", la guerra de Reforma llamada también de Tres Años, dado que el clero apoyaba la causa conservadora El presidente Benito Juárez decidió nacionalizar los bienes eclesiásticos: "El triunfo final de la causa liberal sin embargo, debió esperar a 1867 y la derrota definitiva del Partido Conservador que había promovido la ocupación del país por fuerzas extranjeras y había instaurado en México el Imperio de Maximiliano de Habsburgo" La Constitución de 1917 mantuvo el estatus de propiedad de la Nación de los bienes nacionalizados y en diciembre de 1981 se promulgó la Ley General de Bienes Nacionales, que "sin embargo, no considera ningún apartado específico para definir las modalidades que ha de observar la administración de los bienes nacionales con características históricas particulares como los que fueron nacionalizados al clero en el siglo XIX" Subrayó Sauri Riancho: "Una sólida tradición republicana y liberal, construida y fundamentada a lo largo de más de 120 años, justificaron que el gobierno federal no estimara indispensable --en el año de 1981-- la incorporación de un apartado específico que estableciera disposiciones especiales sobre el destino de estos bienes, suponiendo quizá que las duras lecciones históricas aprendidas por la nación a costa de un gran derramamiento de sangre, serían razón suficiente para mantener con claridad el principio fundamental de separación de las Iglesias del Estado y preservar el dominio de éste sobre los bienes expropiados al clero en 1859" Pero el caso del antiguo Arzobispado la llevó a plantear las modificaciones a la Ley de Bienes que ahora establecen que aquellos bienes nacionalizados no pueden ser desincorporados del dominio público El argumento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sido que San Felipe Neri no fue nacionalizado, sino comprado a un particular; pero aun en el caso de que este planteamiento fuera cierto, hay muchas otras disposiciones que impiden la entrega de ese inmueble a la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, encabezada por el presbítero Armando Ruiz Castellanos y dirigida por el cardenal Norberto Rivera Carrera