* El organismo involucra a policías estatales en la desaparición de tres personas Colima, Col , 6 de junio (apro)- La Recomendación 9/2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó a relucir algo más que la responsabilidad de autoridades estatales y federales en la desaparición de tres personas Aportó elementos sobre la presunta infiltración de miembros de la delincuencia organizada en las filas policiales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), pues entre los acusados de la desaparición de uno de los jóvenes se encuentran, al menos, tres elementos de esa corporación estatal, quienes, a su vez, son vinculados por el Ministerio Público federal con una organización criminal con influencia en los estados de Colima y Jalisco Cuando están por cumplirse, en julio próximo, cuatro años de que los ciudadanos Diana Martínez Dueñas y Jesús González Valdovinos presentaron una queja por la desaparición de sus respectivos familiares --Alejandro Martínez Dueñas y José de Jesús González Medina--, la CNDH envió una recomendación conjunta al gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, y al procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, a quienes demandó realizar varias acciones para esclarecer el caso y corregir el rumbo de las investigaciones Durante sus indagatorias, el organismo descubrió, así mismo, la existencia de un tercer desaparecido en ese mismo contexto: Gabriel Sánchez Sánchez, cuyo caso no había trascendido públicamente y de quien se ignoran detalles de las circunstancias en que sucedieron los hechos En el caso de González Medina, la CNDH retomó una de las conclusiones del Ministerio Público federal de que el 30 de junio de 2001 fue privado de su libertad en la ciudad de Colima, sin saberse más nada de él; delito que de, acuerdo con el sumario, presumiblemente fue perpetrado por (las personas identificadas en la investigación con las claves) PR-1, PR-2, PR-3 y PR-4, y otros cuya identidad se desconoce Estas personas "presumiblemente son miembros de una organización criminal, misma que en forma permanente y reiterada llevan (sic) a cabo el delito de privación ilegal de la libertad con la modalidad de torturar a sus víctimas, para lo cual se encuentran organizados y que (sic) realizan actividades específicas que les son asignadas por su dirigente, misma organización que tenía como ámbito de operaciones los estados de Colima y Jalisco, una vez que privaban de la libertad a las víctimas las trasladaban a un lugar donde los (sic) torturaban y posteriormente los (sic) desaparecían con la finalidad de que sus familiares no los (sic) encontraran", señala la recomendación Establece también que los sujetos referidos como PR-2, PR-3 y PR-4, así como otros señalados de haber participado en el operativo de desaparición de González Medina, son policías activos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Colima, mientras que dos más fueron identificados como agentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Sin embargo, el gobernador Cavazos negó que personal de la corporación se encuentre involucrado con grupos criminales "Está muy lejos de haber una presunción de que nuestra Procuraduría esté infiltrada por la delincuencia organizada", afirmó el mandatario ante una pregunta de Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, director del semanario local Avanzada, durante el programa "Dialogando con tu gobernador", transmitido el sábado anterior Señaló que el procurador general de Justicia, Arturo Díaz Rivera, tiene instrucciones de no tolerar ninguna actitud de corrupción ni de maltrato a la ciudadanía, por parte del personal de esa dependencia "Nosotros vamos a acatar estrictamente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo el gobernador, quien añadió que su gobierno estará dispuesto para hacer lo que le corresponda a la Procuraduría de Justicia del estado: "No queremos que ni en este caso o en ningún otro que haya una violación a los derechos humanos, la Procuraduría pueda convertirse en cómplice a través de una pasividad u omisión que en todo caso dañaría los derechos de los ciudadanos", precisó Por su parte, el presidente del Comité de Derechos Humanos --organismo no gubernamental--, Efraín Naranjo Cortés, comentó que nada nuevo se está diciendo al presumir la posible implicación de policías estatales con el crimen organizado, pues "permanentemente vemos este tipo de situaciones que por desgracia ya lo percibimos como algo normal" Refirió que el actual procurador, Arturo Díaz, tiene sobre sí la gran carga de modificar la estructura de la corporación, que "ha sido preparada por más de 12 años para obedecer incondicionalmente, de manera ciega, dócil, ilegal e inmoral al titular de dependencia" De acuerdo con Naranjo Cortés, en los últimos años desde la Procuraduría se ha protegido a agentes acusados de privar de la vida a ciudadanos, como el caso del señor Jorge Figueroa, de Manzanillo, que representa un claro ejemplo de impunidad Además de responsabilizar a agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima en la desaparición de al menos una de las personas, la CNDH señaló a personal de la Procuraduría General de la República como culpable de irregularidades en la investigación del caso, por lo que recomendó que se les investigue y en su caso sancione