Bogotá, 12 de agosto (apro) - La Ley de Justicia y Paz, aprobada el pasado mes de junio por el Congreso de Colombia y que servirá como marco jurídico para la desmovilización de más de 12 mil paramilitares --buena parte de ellos acusados de secuestros, homicidios y masacres, así como de tener vínculos con el narcotráfico--, "abre las puertas a la impunidad" Tal es el señalamiento que hacen diferentes sectores de la comunidad internacional y que ha obligado al presidente Álvaro Uribe Vélez a lanzar una agresiva campaña para apuntalar esta ley y conseguir ayuda económica internacional que financie el proceso de desmovilización de los paramilitares, que costará cerca de 160 millones de dólares; una labor compleja en medio de tantas voces de rechazo En julio pasado, el diario The New York Times aseguró que dicha ley es una "capitulación" del país "ante la mafia" y brinda "generosas concesiones a los paramilitares" Amnistía Internacional la calificó de "contrato con la impunidad" y Human Rights Watch dijo que es un instrumento legal que no cumple con los estándares internacionales En contraste, el diario Washington Post pidió a Estados Unidos apoyar el proceso de paz con los paramilitares; y destacó que la ley contempla sanciones mayores a las aplicadas en otros procesos realizados en América Latina El pasado 4 de agosto, durante la visita de Uribe a Estados Unidos, el presidente George W Bush reiteró el apoyo de su gobierno a la política de seguridad de su homólogo colombiano Sin embargo, el Congreso estadunidense se muestra renuente a avalar dicha política y, sobre todo, a liberar recursos para apoyar su establecimiento El 29 de noviembre de 2002, los paramilitares ?aglutinados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-- hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de hostilidades El 15 de julio de 2003, el gobierno y los paramilitares firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por medio del cual los comandantes del grupo armado se comprometieron a desmovilizar de manera gradual a sus hombres antes de 2006 Hasta el momento 5 mil 800 paramilitares han entregado sus armas y se encuentran concentrados en la zona de Santafé de Ralito, Córdoba, en espera de que se solucione su situación jurídica El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos a Uribe, habló con Apro sobre las críticas que ha recibido el proceso de desmovilización de los paramilitares: "Tenemos los más altos estándares internacionales (en materia de justicia) Que nos comparen con Ruanda, con Sudan, con Sudáfrica, con Yugoslavia y ningún proceso de paz tiene estándares como los nuestros No hay legislación fuera de la resolución 955 de la ONU En cambio, nosotros tenemos una ley", dijo a este semanario Una comitiva del presidente Uribe, formada por el vicepresidente Francisco Santos, la canciller Carolina Barco y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, viajó el pasado 18 de julio a Estados Unidos para explicar los alcances de la Ley de Justicia y Paz Sin embargo, no todos los sectores que habían expresado su inconformidad se mostraron abiertos a las explicaciones Los enviados no tuvieron acceso a The New York Times y no pudieron ver a los congresistas que, en rechazo a dicha ley, frenaron el desembolso de 100 millones de dólares de ayuda económica a Colombia "No estaríamos aquí sentados de no ser por el narcotráfico Son las drogas que se consumen en la comunidad internacional lo que le da vida a estos grupos (paramilitares y guerrilla) Lo menos que pueden hacer es ayudarnos a desmantelarlos", asegura el vicepresidente Santos durante un foro en el Woodrow Wilson de Washington el pasado 20 de julio Ese mismo día, el funcionario colombiano habló en la Organización de Estados Americanos (OEA) Dijo: "creemos que este gobierno (de Uribe) pasará a la historia como el que más ha combatido a las autodefensas y como el que logró la desmovilización total de estos grupos" Temores Según datos oficiales, las AUC tienen cerca de 15 mil hombres Antes de iniciar la desmovilización, estaban repartidos en 49 frentes ubicados en 26 de los 32 departamentos de Colombia y en 382 de los mil 98 municipios del país De acuerdo con cálculos de la Comisión Colombiana de Juristas, entre 1996 y 2002 los paramilitares asesinaron a cerca de 10 mil 660 personas El asesor presidencial José Obdulio Gaviria dice a Apro que las reticencias internacionales para aceptar la Ley de Justicia y Paz obedecen a una campaña liderada por organismos no gubernamentales: "No entiendo el porqué de esta actitud Desde hace muchos años Colombia viene con una plaga que se llama paramilitarismo y otra que se llama guerrilla y, por fin, una de las dos plagas --el paramilitarismo--, va a ser erradicada por dos vías: la vía de la fuerza pública --según datos oficiales, van más de mil 300 paramilitares muertos y 8 mil capturados-- y la vía de la desmovilización, a través de la cual cerca de 5 mil 800 hombres han dejado sus armas" Este proceso de desmovilización ha generado grandes controversias, entre otras cosas porque los paramilitares cometieron atroces delitos y las penas alternativas previstas en la nueva ley son consideradas excesivamente laxas Varios narcotraficantes intentaron comprar la franquicia paramilitar para recibir los beneficios jurídicos de esta ley, limpiar sus delitos en el tráfico de drogas y, sobre todo, evadir la extradición hacia Estados Unidos Algunos de los comandantes de las AUC y miembros de la mesa de negociación con el gobierno, como Salvatore Mancuso y Jorge Cuarenta, están pedidos en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico Además, en varias ocasiones miembros de las autodefensas violaron el cese de hostilidades acordado con el gobierno Uno de sus comandantes, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se entregó a las autoridades el pasado 27 de mayo luego de que se demostró su participación en el asesinato del diputado liberal Orlando Benítez, durante el proceso de negociación Sectores de la comunidad nacional e internacional ven con preocupación varios aspectos de la Ley de Justicia y Paz Señalan, por ejemplo, que los paramilitares que se desmovilicen no están obligados a la confesión plena sobre los hechos en los que participaron, sino solamente a una "versión libre" Dicen, así mismo, que las penas previstas son sumamente leves para delitos atroces o de lesa humanidad: entre 5 y 8 años de prisión Tampoco ven cómo esta ley va a garantizar el desmantelamiento total de la estructura criminal de los paramilitares en el área política, económica y en lo que toca al narcotráfico Muchos sostienen que no existe un sistema de reparación a las víctimas que restituya de manera significativa el daño causado De igual forma, ven la posibilidad de que se establezca conexión entre el delito político (con la nueva ley los paramilitares adquirieron status político) y el narcotráfico Según el diario The New York Times, el líder demócrata del Congreso estadunidense Patrick J Leahy dijo: "Queremos ver a los grupos armados desmovilizados, pero esta ley recompensa a algunos de los peores terroristas de Colombia y a traficantes de drogas sin asegurarse de que sus organizaciones criminales serán desmontadas" El delegado en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michael Fhrüling --una de los principales contradictores de la Ley de Justicia y Paz-- dijo en un evento público promovido por víctimas de los paramilitares que "sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional" El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, explicó ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 20 de julio: "Las víctimas tienen garantías para hacer demandas, presentar casos y hacer imputaciones Está previsto que los casos que no sean confesados o esclarecidos sigan siendo investigando por los órganos judiciales Si surgen nuevas acusaciones y no son aceptadas por el imputado, el caso pasara a tramitarse por los tribunales ordinarios y, en caso de encontrarse responsabilidad, la pena será la contemplada en los códigos vigentes" De acuerdo con Gaviria, "la ley que se acaba de producir no tiene antecedente histórico En Ruanda hubo un millón de muertos en 1994 Se produjo una primera legislación que fue la resolución 955 del Consejo de Seguridad Se estableció un tribunal con magistrados de todos los países y hubo más o menos 25 condenados de los 100 mil sindicados Vamos a la antigua Yugoslavia o a Sudáfrica: en ninguno se han mostrado los resultados que vamos a mostrar los colombianos: que todos los comandantes de los grupos que se desmovilicen de las AUC van a estar en la cárcel con unas condenas mínimas de 5 años" Aclara que ésta no es una ley de venganza o de sometimiento: "No decimos que todos lo comandantes paramilitares van a ser ahorcados después de un juicio sumario Sería absurdo porque partiríamos de la base de que los comandantes ya estaban capturados y no lo estaban El gobierno estimó que la negociación, abierta por la Iglesia católica, era una buena salida Posteriormente planteó unas penas alternativas que, aunque no son las que se merecen los comandantes, se las ganaron al decidir acogerse a la ley de manera voluntaria Quien no quiera acogerse a ella, simplemente continúa siendo perseguido" ¿Impunidad? Respecto a las víctimas de los paramilitares, Gaviria asegura que tienen absolutamente garantizada su presencia en el juicio y su derecho a ser indemnizadas con bienes de sus victimarios o, incluso, con bienes del Estado Iván Cepeda Castro, hijo del senador de izquierda Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado por paramilitares en 1994, lidera una organización conformada por más de 700 víctimas de los paramilitares En entrevista con Apro, Cepeda Castro afirma: "Buscamos la verdad, la justicia y la reparación, no la venganza" Añade que "La Ley de Justicia y Paz no ofrece ninguna participación real a las víctimas A pesar de que tiene alusiones retóricas, nuestros testimonios no van a ser tomados en cuenta y la reparación se va a reducir a una ínfima cantidad de personas" Cuando se le pregunta a Gaviria sobre la presunta impunidad que se podría generar durante el proceso de paz con los paramilitares, responde: "La impunidad viene desde 1975 No capturaban nunca a un paramilitar, nunca lo daban de baja y nunca lo extraditaban Este es un gobierno que tiene 350 extraditados, que tiene muchos en la cárcel y muchos dados de baja, y fuera de eso está logrando por medio del ejercicio de la fuerza y del diálogo que se desmovilicen?Y nos hablan de impunidad" Amnistía Internacional considera que el plazo de 60 días previsto en la Ley para adelantar las investigaciones judiciales de los paramilitares desmovilizados es insuficiente y que no garantiza la eficacia e imparcialidad de las mismas A esto el asesor responde "son juicios expeditos, mediante sistema acusatorio La gente cree que mientras más demoran los procesos, más eficientes son Si mediante confesión, las pruebas de la Fiscalía y el sistema acusatorio no podemos en 60 días tomar una decisión, yo creo que nunca la vamos a poder tomar" Sobre las garantías del desmantelamiento total de las actividades criminales, Gaviria dice que "de todas maneras habrá rezago de la delincuencia El gobierno no es milagroso De un momento a otro no va a poder desaparecer una actividad criminal que lleva desde 1977 Pero este es un primer gran paso Además, sobre la cabeza de todos está la espada de Damocles: la extradición" En este sentido afirma que es "pura y física mentira" que se pueda evadir la extradición con la Ley de Justicia y Paz "El gobierno no ha discutido con nadie la extradición Hay dos miembros de las autodefensas cuya extradición está ordenada pero se encuentra suspendida" Aclara que el presidente consideró necesario suspenderlas en aras de la paz Sobre los excombatientes también pesa la sombra de la Corte Penal Internacional, que podría juzgar a los desmovilizados beneficiarios de la Ley Esta es una alternativa jurídica que tienen muy presente las víctimas de los paramilitares "Nuestro deseo es que los problemas que tienen que ver con la justicia en Colombia se resuelvan en Colombia Pero si eso no se produce, hay unos mecanismos como la Corte Penal Internacional Si no hay un proceso que responda a los criterios internacionales en materia de justicia y reparación, la Corte podría accionar su competencia", explica Iván Cepeda El asesor presidencial Gaviria ve con preocupación la falta de ayuda económica internacional para asumir el reto del desmantelamiento paramilitar "Este es un operativo muy grande En poco tiempo viene la desmovilización de otros mil 500 hombres y tendremos que hacerlo solos En el Salvador contaron con la ayuda de las Naciones Unidas, nosotros recibimos la pequeña ayuda que nos da la OEA --encargada de la verificación de la desmovilización paramilitar-- que la credibilidad y respetabilidad al proceso", concluye La semana pasada, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, presentó el informe Las apariencias engañan, en el cual califica al proceso de desmovilización de ineficaz y asegura que la Fiscalía colombiana ha vinculado a procesos penales por delitos atroces a tan sólo 25 de los 8 mil 500 paramilitares que ha escuchado Según Vivanco, uno de los problemas es que el gobierno no exige a los combatientes que revelen sus "alias" que, en muchas ocasiones, se constituyen en la única identificación que permite vincularlos a las investigaciones También criticó el hecho de que durante la entrega de armas no se registre al dueño de cada una de ellas, pues se dificulta aún más la vinculación de los desmovilizados con los procesos judiciales