* Antes de excarcelar a la víctima, un comandante le hizo varias amenazas Colima, Col , 30 de enero (apro)- Organizaciones sociales de esta ciudad exigieron investigar y castigar a los responsables del delito de tortura contra Valentín Jiménez Guzmán que, según su denuncia, fue cometido por agentes de la Procuraduría local A través de un documento, representantes de 13 agrupaciones --entre ellas Promotores Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos (Proceder), Bios Iguana, Amigos Colimenses contra el VIH/Sida e Interaxión Juvenil? demandaron al gobernador priista Silverio Cavazos Ceballos la aplicación de la ley para sancionar la tortura, en tanto que al ombudsman Enrique García González le solicitaron, frente a este caso, una actuación firme y la aplicación del Protocolo de Estambul En entrevista, el presidente de la organización Proceder, Manuel Alexander Barreto Mendoza, planteó la necesidad de que, para investigar los hechos, el defensor de derechos solicite apoyo técnico de la CNDH, pues a nivel estatal no se cuenta con personal especializado para dictaminar si hubo tortura Según la queja presentada ante la CDHEC por Valentín Jiménez, el 1 de enero fue detenido por agentes de la Policía de Procuración de Justicia mientras realizaba compras, acompañado por su hija de cinco años, en un centro comercial Sin permitirle llamar a algún familiar para encargar a la niña, le fue quitado el teléfono celular y fue conducido a las instalaciones de la PGJE, donde lo interrogaron sobre un robo, el día anterior, de más de 2 millones de pesos en joyas, y 60 mil pesos en efectivo en una casa en la que el detenido estuvo trabajando como pintor De acuerdo con el testimonio del denunciante, luego que negó haber participado en el robo, fue llevado a la oficina del procurador, Arturo Díaz Rivera, quien habló unos momentos con él "Me dijo que ahí con ellos estaba a tiempo de recapacitar las cosas, que si me había ganado la tentación o que si tenía alguna deuda, se los dijera, cosa que yo contesté diciendo que soy inocente de lo que se me imputa" Alrededor de las 19:00 de ese día, Valentín Jiménez fue sacado del edificio de la Procuraduría y trasladado con los ojos vendados por carretera rumbo a unos campos de cultivo "Ahí me bajaron diciéndome que no iba a aguantar, que les dijera dónde tenía yo esa chingadera, que de todas maneras me iba yo a morir En todo momento les decía que soy inocente, y me gritaban ?eso dicen todos?; enseguida, alguno de ellos me empezó a golpear el abdomen y me acostó echándome un líquido en las narices, al parecer agua mineral "Después me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarme, y me decían, ?ya vas a decirnos dónde está lo que te robaste?; les decía que ya no quería que me torturaran, pero más me lo hacían" Cuando fue regresado a la Procuraduría, Jiménez Guzmán recibió un trapo para que se limpiara la tierra y luego se presentó un comandante que le preguntó lo que le había pasado, y le aseguró que habían sido "los federales" lo que lo habían torturado Hasta el 2 de enero, alrededor de las 14:20, fue puesto en libertad, pero antes se le dijo que firmara unos papeles "Estas hojas que firmé ?dijo? no me dejaron leerlas, por lo que ignoro qué dicen y ni la fecha pude conocer Firmé sin leer porque así me lo ordenó el comandante Jesús Ávalos, que me entregó una tarjeta para que me comunicara con él, porque según él yo le tenía que ayudar en la investigación" Valentín Jiménez añadió que antes de quedar libre, el comandante le dijo que aguantara "como los hombres", que todos los agentes policiacos eran "una familia, que cuando alguien faltaba o moría, se sentían mal todos, que lo comparara con mi familia, que estaban preocupados, y que si algún día en la calle me lo encontraba y tenía yo rencor, él siempre traía arma" En relación con este caso, el presidente de Proceder, Manuel Alexander Barreto, estimó que son cuestionables los avances en Colima en materia de respeto a los derechos humanos, en lo que se refiere a lo integridad física de los detenidos, pues la propia tendencia de las quejas recibidas por el ombudsman estatal revelan que las autoridades más denunciadas son Seguridad Pública y Procuraduría local