La gestión del acceso a la información, aspecto en el que Vicente Fox pretende fundamentar su aportación a la democracia, implica trámites laberínticos, respuestas surrealistas y resultados mínimos Y esto en caso de que se otorgue, porque los ya famosos mecanismos de la burocracia mexicana sirven también para validar cualquier pretexto a fin de no soltar prenda a los medios informativos El presidente Fox propuso una ley que lo obliga a decirnos cómo se gasta el dinero", presume el gobierno en uno de sus promocionales de cierre de sexenio, dedicado a exaltar el papel de la transparencia y la democracia como claves de la felicidad ciudadana o algo así Los hechos cuentan otra historia El gobierno de Vicente Fox abrió las puertas de la información, pero al mismo tiempo reforzó las cerraduras de las zonas más sensibles del aparato federal, entre ellas la Presidencia de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) En otras palabras: se informa cuánto gana el presidente ?aunque sólo sea para probar la generosidad con la que Fox se trata a sí mismo: 57% de aumento a su percepción legal durante el sexenio, según documentó Reforma el jueves 16?, pero se oculta o maquilla la información referida a sus inversiones bancarias o a sus bienes inmuebles El proceso de búsqueda de información incómoda sorprendería al propio Kafka Algunos hilos de la madeja: El 2 de noviembre del año pasado, solicitamos a la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Enlace, datos específicos sobre el fideicomiso 201 que aparece en las declaraciones patrimoniales de Fox: bienes inmuebles e inversiones que lo integran, y el trámite relacionado con la casa ubicada en Contadero, en la delegación Cuajimalpa La respuesta llegó una semana después: "aunque la información solicitada no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental? hacemos de su conocimiento" que los datos requeridos se encuentran en el "hipervínculo" de Presidencia Además, "con el ánimo de apoyarle", dice la Unidad de Enlace presidencial, remiten al solicitante a la Secretaría de la Función Pública, a la que corresponde "recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos? y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables" La Secretaría de la Función Pública recogió la pelota que le aventó Presidencia y, a su vez, hizo malabares: Remitió al solicitante a la declaración patrimonial del "Alto Funcionario" (o sea el presidente Fox), en la que por supuesto no se registran con precisión las datos sobre la integración del fideicomiso 201, pero reveló de pasada que "la forma de operación de la casa ubicada en Cuajimalpa fue de contado" (sic) ?es decir, borrando las pistas del origen del dinero al estilo mafioso Este escamoteo quiso ocultar la información que Proceso averiguó y publicó en su momento (edición 1515): la casa de Cuajimalpa se la regaló a Fox el empresario nuevoleonés Roberto González Barrera, cabeza de Maseca y Banorte, que también ha sido dadivoso con la fundación que preside Marta Sahagún En la casa de Cuajimalpa reside actualmente Lilian de la Concha, aún esposa de Fox según el canon católico Amigos del PRI En enero de 2004, el reportero solicitó, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, permiso para consultar expedientes del Cisen resguardados por la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, organismo adscrito a la Policía Federal Preventiva (PFP) Los archivos fueron descubiertos en una bodega, a principios de sexenio, según confirmó a Proceso el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, y dijo que eran decenas de miles de fojas que fueron olvidadas o dejadas ahí por funcionarios de la era priista La PFP se tardó casi tres meses en responder que los expedientes "están clasificados como reservados" y simplemente enlistó el "rubro temático" de los legajos: terrorismo, guerrilla y grupos subversivos; secuestro y extorsión; tráfico de armas; tráfico de personas; narcotráfico; falsificación de documentos; contrabando y, entre otros, robo de vehículos, de transporte, de mercancías y de valores Promovimos ante el IFAI un recurso de revisión La clasificación de documentos "es inadmisible en un régimen democrático", argumentamos Aún más, "ni siquiera la intimidad de los funcionarios públicos debería ser tratada como un asunto reservado, mucho menos aquellos temas que tienen que ver con sus funciones" El IFAI admitió el recurso de revisión y, el 14 de abril, le pidió a la PFP que manifestara "lo que a su derecho convenga" La dependencia contestó el 27 de abril? ratificando su decisión de considerar reservados los expedientes con un alegato deslumbrante: "Dicha información tiene la característica de ser delicada y por tal motivo fue clasificada íntegramente como reservada y no debe proporcionarse porque su difusión podría obstaculizar las estrategias para combatir las acciones delictivas, de prevención y persecución de delitos, por lo que dar a conocer estos delitos evidentemente comprometerían en el presente y en el futuro la seguridad pública" Se entiende la reserva del gobierno, considerando que sus "estrategias" para combatir la delincuencia maravillan a todos por su eficacia? para lograr el efecto contrario De cualquier modo, el IFAI resolvió, en julio de 2005, que la PFP "elaborara y entregara, en los casos que así procediera", la versión pública de los expedientes materia del recurso, eliminando las partes o secciones reservadas o confidenciales y señalando los fundamentos jurídicos y los plazos de reserva correspondientes Y le dio a la PFP 120 días hábiles para que cumpliera la resolución, plazo que empezó a correr el 21 de septiembre de 2004 y concluyó el 29 de marzo del año siguiente La víspera de que se agotara el plazo, el IFAI recibió un comunicado insólito del coordinador de Inteligencia de la PFP, Arturo Fabre Bandini, en el que le notifica que la información resguardada "en 116 cajas", con unas 200 mil fojas, fue "devuelta" al Cisen "mediante acta de entrega-recepción del 07 de marzo de 2005" El IFAI procedió a denunciar los hechos ante el Órgano Interno de Control de la PFP ?que depende de la Secretaría de la Función Pública? en el lenguaje cifrado de la cautela: Los oficios referidos por la PFP sugieren "la comisión de una conducta anómala, que merece un análisis más particular, pues se colige que la actuación realizada (la devolución al Cisen de los expedientes) aparenta una forma de evadir el cumplimiento de la resolución de mérito" Además, apuntó el IFAI, "aun suponiendo, sin conceder, que se estuvieran practicando diligencias para la atención de la resolución, resulta fuera de toda lógica (o sea irracional) que si el argumento original planteado por la PFP radicó en ?la dificultad de procesar en un plazo corto documentación voluminosa?, no es factible pensar que a diecisiete días hábiles del vencimiento del plazo concedido no se hubiera realizado acción alguna sobre dicha documentación? y lo ya trabajado y procesado debió, en todo caso, ser proporcionado por la autoridad al recurrente" Si ya se había trabajado en este sentido, añadió el IFAI en su denuncia, "lo lógico hubiera resultado que se detuviera la entrega-recepción, se terminaran los trabajos correspondientes a la atención de la resolución y continuara la entrega de manera posterior, puesto que dicha documentación estaba vinculada a un compromiso legal de mayor importancia que un trámite administrativo de entrega-recepción" Y mediante un oficio suscrito por el secretario ejecutivo del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, el pleno le solicita al Órgano Interno de Control "deslindar a través del procedimiento administrativo disciplinario respectivo las responsabilidades a que haya lugar por el incumplimiento a los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia" Además, el IFAI demanda que se "se cumpla en todos sus términos la resolución" referida, realizando todas las gestiones necesarias, incluyendo la solicitud al Cisen del reenvío de la documentación para que la Policía Federal Preventiva se encuentre en aptitudes físicas de atender lo ordenado por la autoridad competente, es decir el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública" Con su celeridad usual, la Secretaría de la Función Pública tardó más de un año en investigar los hechos y en aplicar las sanciones, en el mayor de los sigilos para no incomodar a nadie Supuestamente, en septiembre pasado fue sancionado por "negligencia" Fabre Bandini, titular de Inteligencia de la PFP Pero el fondo de la resolución sigue sin acatarse: entregar los expedientes del Cisen que estuvieron bajo custodia de la PFP más de tres años Amigos de Fox En junio de 2004, Proceso intentó seguirle la pista a los dineros de la campaña presidencial de Fox, agotada ya la averiguación del Instituto Federal Electoral sobre el tema Se solicitó al IFE el expediente completo del caso Amigos de Fox, en particular la información dada al organismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Le secretaria ejecutiva del organismo, María del Carmen Alanís, fijó un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la petición El 6 de agosto, la Unidad de Enlace del IFE notificó: "Es jurídicamente imposible atender en su totalidad la solicitud formulada? por lo tanto se niega el acceso a la información clasificada como confidencial y temporalmente reservada" En la resolución respectiva, el Comité de Información del IFE alegó que "la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública expresa que se podrá clasificar como información reservada aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional" El mismo día, el IFE avisó que los documentos "clasificados como públicos? se encuentran a su disposición", previo depósito En tal caso, se consiguieron primero 12 mil 556 copias, por las que hubo que pagar 12 mil 556 pesos: a peso la copia En barata, el IFE apuntó que "si se desea que la información sea enviada a su domicilio, le pido hacerlo de nuestro conocimiento, a efecto de evaluar el costo respectivo" El 23 de agosto, la misma Unidad de Enlace informó que estaba disponible otro paquete de documentos, que se facilitaría una vez que se hiciera el pago correspondiente a 14 mil 655 copias Al día siguiente, se avisó al solicitante que estaba ya listo el tercer paquete de documentos con un total de 6 mil 441 "copias simples" Los documentos entregados por el IFE son una tomadura de pelo: la mayoría de los papeles contienen tachaduras que encubren nombres, cifras o datos La historia bancaria de Amigos de Fox sigue cubierta por un velo denso de complicidades Interpusimos un recurso de revisión ante el IFE el 17 de agosto de 2004, en el que señalamos: "De acuerdo con la legislación vigente, los ciudadanos pueden solicitar cualquier información relativa al uso de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, por lo que no es válido el argumento de que los datos referidos a los mismos deben mantenerse en reserva porque atentan contra ?la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional? Este argumento a favor de la secrecía equivale a considerar que los manejos económicos de los partidos políticos atentan contra la seguridad nacional" Tres meses después, el 25 de noviembre, respondió mediante un "Acuerdo de la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información", que consta de apenas 40 cuartillas y que básicamente ratifica la resolución de agosto, que clasificó como reservada una serie de documentos La lista de éstos contenida en el acuerdo es en sí misma reveladora: "Traducción de cuentas por la Procuraduría General de la República", "Información bancaria de la Cuenta de la C Carlota Robinson Kauachi", "Respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las cuentas del Instituto Internacional de Finanzas", "Respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las cuentas de Fox Brothers SPR de RL", "Información y documentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto de Éxito con Fox, AC", "Escrito por el cual la embajada de Estados Unidos da respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores", "Información bancaria, respuesta de diversas instituciones bancarias, contratos de apertura y estados de cuenta y cheques de la persona moral Fox Brothers", etcétera La denuncia reciente de los abogados de Fox y Lino Korrodi, uno de sus recaudadores en la campaña de 2000, por no pagarles los honorarios pactados, reabrió la discusión pública del caso Amigos de Fox Ante ello, solicitamos de nuevo al IFE, el miércoles 15, el expediente completo del caso, "sin tachaduras ni obstrucciones visuales de ningún tipo"