México, D F, 20 de marzo (apro)? Acorde con la propuesta del II Parlamento Alterno de Cultura y Educación (PACE), de elaborar un diagnóstico previo a la creación de cualquier ley en materia cultural, el abogado Francisco Javier Dorantes expuso en ese foro las razones por las cuales no debe aprobarse la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura Maestro en derecho constitucional y administrativo por la UNAM, exdirector de Asuntos Jurídicos y Proyectos Legislativos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y autor del libro Derecho Cultural Mexicano (Problemas jurídicos), Dorantes opina que todas las personas involucradas en el sector cultura (abogados, artistas, antropólogos, arqueólogos, investigadores, etcétera) deben aportar sus conocimientos para elaborar el diagnóstico Y considera muy grave que las actuales autoridades de cultura intenten atribuirse como mérito haber sacado la "primera ley de cultura" Por ello cuestiona: "¿Pero qué clase de ley?, ¿con qué contenidos?" Con ironía, el jurista afirma que la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura (mejor conocida como Ley Bermúdez), presentada por el ejecutivo en septiembre pasado ante la Cámara de Diputados, tendría como nombre más correcto "Ley de defensa y justificación del Conaculta", pues en realidad sólo fortalecería administrativamente a este organismo, pero no soluciona los problemas de fondo de la cultura Enuncia entonces algunos de los desaciertos de este proyecto legislativo, entre ellos que constituye un retroceso en cuestiones de "garantismo social", entendido éste como la protección de los derechos sociales, como los derechos ambientales, de consumo y los culturales: "Como profesional del derecho considero que el proyecto presentado por el gobierno federal implica regresividad del Estado en materia de protección de derechos culturales" Agrega el abogado que además de utilizar como base "un sistema constitucional inexistente", no tiene fundamentos adecuados: "En la exposición de motivos se comenta que esta ley es importante porque en la actualidad no existe un marco legal para la fracción sexta del artículo tercero constitucional Eso es falso porque cualquier ley de la UNAM, o la del Instituto Politécnico Nacional tienen como parte de sus funciones este aspecto de la difusión de la cultura "Alegan también que es importante hacer una ley de fomento federal porque hay nueve entidades federativas que tienen una ley de fomento Pero ellos tienen una ley de fomento porque no pueden regular de otra manera" El constitucionalista asegura haber encontrado en la propuesta del ejecutivo 23 "inconsistencias importantes", entre ellas: ―Estructuralmente se trata de un híbrido jurídico, es decir, es una ley federal con mecanismos de una ley general ―Más que federalizar, centraliza aún más las atribuciones del Conaculta No necesitamos ya una ley que siga centralizando Aquí es donde entra el problema de regresividad cuando el Estado tiene la obligación de avanzar en este tipo de derechos no de retroceder ―Los órganos colegiados de coordinación institucional de esta ley, lo único que hacen es legitimar decisiones unilaterales Se dice, por ejemplo, que se va a crear un consejo con tales aspectos ¿Quién toma la decisión final? Pues el presidente del Conaculta, entonces uno no entiende para qué se crean órganos colegiados que realmente justifican decisiones de naturaleza unilateral ―Los pocos derechos, las pocas cuestiones que se establecen ahí, son declarativos Los ciudadanos mexicanos, quienes estamos interesados en la cultura ya no queremos más cartas de buenas intenciones, queremos derechos vinculantes, queremos obligaciones fijas, queremos cuestiones precisas, no queremos aspectos declarativos ―Tampoco se crean mecanismos concretos de participación social, nunca se dice, por ejemplo, cómo se fortalecerán la infraestructura y la oferta culturales ―Las facultades de nombramiento de todos los funcionarios del sector cultural, otorgadas originalmente al presidente de la república, ahora se le dan al presidente del Conaculta Resulta que puede remover libremente a los directores tanto del Instituto Nacional de Bellas Artes como del Instituto Nacional de Antropología e Historia Eso no sería tan grave como el hecho de que no se resuelven los traslapes competenciales O sea, el problema de fondo de la legislación cultural son estos traslapes entre el Conaculta, el INBA y el INAH ―Es una ley autoritaria en sus contenidos Si se lee con cuidado el proyecto se da uno cuenta que los verbos utilizados son: el Conaculta domina, designa, expone, propone Resulta que el Consejo hace todo En suma, a decir del abogado, el proyecto sólo intenta justificar la existencia del Conaculta y "pareciera ser más un decreto administrativo revestido de ley" Dorantes no se atreve a afirmar si la iniciativa de Ley de Desarrollo Cultural elaborada por los legisladores, y que ha sustituido a la iniciativa del ejecutivo, tiene las mismas inconsistencias porque no la conoce Pero lamenta: "En el sector cultural nos quejábamos de que el proyecto del Conaculta era hermético, pero lo que están trabajando los diputados parece ser igual de hermético, no lo conocemos" Por ello, tras hacerse varias preguntas en torno a las razones sobre las cuales la iniciativa del Consejo tardó cinco años en ser presentada y porqué tiene tantos defectos, cuestiona: "Perdón, aquí por la expresión un poco trivial, pero ¿por qué elaborar una ley en lo oscurito, sin tomar en cuenta las diferentes opiniones de todos los sectores involucrados? ¿Por qué hacer una ley detrás de bambalinas, una ley que es importante para nuestro país?