Puebla, Pue , 14 de abril (apro)- Cantinas, jardines de niños, comercios en pequeño y residencias con puertas automáticas son el común denominador en la colonia Gobernadores, proyecto concebido por la Federación para dar asilo a personas de escasos recursos Con la venia del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), emanado de la administración estatal, la zona habitacional se ha convertido en un verdadero negocio para los funcionarios de la gestión del priista Mario Marín Torres En particular --señala la diputada Miriam Arabian-- para Óscar Aguilar González, actual suplente de Melquiades Morales Flores, candidato al Senado por el PRI y exgobernador de Puebla Mediante engaños, burócratas del gobierno estatal e intermediarios vinculados con éstos han revendido cientos de casas en la colonia Gobernadores, ubicada a escasos minutos del fraccionamiento más lujoso del estado: el club de golf "La Vista" La diputada federal panista Arabian Couttolenc estima en más de 4 millones de pesos el fraude engarzado por el IPV y su director ?quien recientemente pidió licencia para separarse del cargo y sumarse a la campaña proselitista de su amigo Melquiades Morales-- Sin embargo, la legisladora puntualiza que, el problema de fondo, no es la estafa, sino la violación a los derechos humanos perpetrada contra decenas de compradores, quienes incluso han pisado la cárcel, acusados de despojo En un intento por deslindarse del fraude perpetrado por sus propios funcionarios, el IPV inició el pasado 7 de abril una campaña para devolver el dinero a quienes adquirieron una casa de interés social, paradójicamente, con el apoyo del gobierno estatal El pretexto de la administración es que el capital fue depositado de "forma ilícita e indebida", aun cuando el Instituto Poblano de la Vivienda recibió cheques de segundos compradores a principios de 2005 El fraude En 1998, la Federación inauguró el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva (VivAh) En Puebla, el plan de apoyo residencial se enraizó en la colonia Gobernadores, asentada en la reserva territorial Atlixcáyotl Unas 800 casas fueron repartidas por el gobierno del estado sin aplicar, en la mayoría de los casos, los estudios económicos pertinentes, acusa Arabian Couttolenc Según residentes de la zona habitacional, cerca de 80% de los propietarios proceden del servicio público, principalmente de la Policía Judicial del Estado, y cuentan con los recursos suficientes para construir salones sociales o hasta lujosas residencias de tres pisos y coche del año a la puerta Sin embargo, la adjudicación de casas estuvo plagada de violaciones al contrato de asignación del VivAh De acuerdo con la cláusula seis del convenio, el beneficiario debería ocupar la vivienda máximo 30 días después de la firma del tratado Además, los bienes deben utilizarse sin fines de lucro No obstante, el ahora suplente del exgobernador Morales Flores, permitió la violación del contrato y se benefició con la demora de 456 compradores, quienes rebasaron el plazo establecido para habitar su casa, acusa la legisladora panista Según consta en testimonios recabados por Apro, Aguilar González se dedicó a vender hasta en 60 mil pesos las viviendas que en un inicio fueron subsidiadas por el gobierno federal, el cual pagó 18 mil de los 24 mil pesos en que están valuados los inmuebles Mediante emisarios del gobierno estatal, los afectados acusan que Aguilar González vendió las casas de los propietarios que no las habitaron en el plazo convenido No obstante, el IPV violó los acuerdos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el que establece que los organismos ejecutores deben contar con la renuncia por escrito de los primeros compradores para así reasignar los hogares El IPV no sólo rompió el procedimiento, sino incluso afectó a funcionarios del gobierno del estado que adquirieron una casa en la colonia Gobernadores Tal es el caso de la servidora pública Guadalupe Velasco Jiménez, quien en la averiguación previa 2405/2003 --de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)-- acusa de despojo a Benita Muñoz Carmona, de más de 70 años El 18 de agosto de 2003, la denunciante relató que adquirió una vivienda gracias a una solicitud enviada a la Secretaría de Desarrollo Social La casa le fue entregada en junio de 2002, con la referencia Parcela SA-23 manzana 33, lote 7 de la reserva territorial Atlixcáyotl, asentada en San Andrés Cholula, Puebla Velasco Jiménez cuenta que, antes de 30 días que se cumpliera el plazo para habitar la casa, decidió mudar un comedor, una sala, un sofá y artículos de cocina Según narra en su denuncia, a mediados de junio de 2003 determinó salirse temporalmente de su domicilio para remodelarlo Pero nunca se imaginaría que a partir de ese momento, la servidora pública perdería su propiedad Narra que "el 1 de agosto me encontraba en mi oficina de trabajo cuando recibí una llamada telefónica por parte del arquitecto Miguel Ángel Torres Muñoz, diciéndome que mi casa tenía ya unas protecciones y que las puertas ya estaban cambiadas, por lo que acudí a mi casa ese mismo día por la tarde, y me encontré efectivamente con que había protecciones en las ventanas y puerta, cortinas en las ventanas y la puerta cambiada, así como la chapa" Continúa: "Así que ya no pude abrir mi casa, por lo que toqué y nadie salió y dejé un recado para que se comunicaran conmigo" Al tiempo que Velasco Jiménez intentaba entrar a su casa, Benita Muñoz Carmona, quien afirma que funcionarios del IPV le revendieron el mismo inmueble, fue engañada para interponer una denuncia por el delito de fraude por esa propiedad Con su enredada y blanca cabellera, Muñoz Carmona relata a Apro que, en mayo de 2003, funcionarios del Instituto Poblano de la Vivienda le prometieron otorgarle una casa en la colonia Gobernadores, a cambio de pagar 6 mil pesos de enganche Ese mismo mes, la longeva viuda tomó posesión de su casa "No tenía drenaje, ni luz, ni agua", recuerda Sin escrituras que la avalaran, Muñoz Carmona buscó al director del IPV en más de una ocasión para regularizar su propiedad Cuenta que una de tantas veces, el director del organismo le dio cita a las seis y media de la mañana La mujer esperó a Óscar Aguilar por casi 15 horas, pero éste nunca llegó En agosto de 2003, la mujer fue engañada por funcionarios del instituto que la persuadieron para acompañarlos al Ministerio Público de Cholula Ahí, los burócratas le insistieron que dejara firmado su nombre para interponer una denuncia por el delito de fraude contra Velasco Jiménez Al regresar a su casa, la mujer se encontró con un búnker, al cual le fue imposible ingresar Meses después, la anciana fue extorsionada por elementos de la Policía Judicial, quienes en octubre de 2004 la detuvieron en la colonia Gobernadores, para luego golpearla y amenazarla de muerte, al colocarle una pistola en la cabeza Al finalizar el rito de tortura, los elementos de seguridad pública la botaron en el Centro de Rehabilitación Social de Cholula, en el cual estuvo desnuda por espacio de cinco horas Una historia similar la han padecido también Maricela Carcaño Carcaño, golpeada junto con su hija embarazada por presunto despojo, y Guadalupe Téllez Carrillo, quienes se suman a la lista de una veintena de habitantes denunciados por el delito de usurpar propiedad ajena Todas ellas coinciden en la misma historia Emisarios del Instituto Poblano de la Vivienda les ofrecieron casas a bajísimo costo, sin escrituras, pagarés o documentos de por medio Como condición, a todas ellas se les exigió vaciar los inmuebles de los propietarios originales, dar pagos hasta de 60 mil pesos a Aguilar González y su gente, y, sobre todo, "discreción" en el procedimiento La diputada federal Miriam Arabian sintetiza el ilícito: "Con recursos federales, los funcionarios del IPV defraudan a familias con muchas necesidades" Arabian Couttolenc también responsabiliza al Fonhapo de haber fungido como cómplice del gobierno estatal, pues en 1998 y 1999 este organismo jamás aplicó los estudios socioeconómicos para otorgar las viviendas: "Palomearon la lista del gobierno sin aplicar ningún análisis", enfatiza