México, D F, 4 de abril (apro)- La Secretaría del Trabajo dijo que los paros laborales efectuados en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, son promovidos sin sustento legal La dependencia federal aclaró, en un comunicado, que aun cuando es respetuosa del derecho de huelga, en este caso no se trata de un movimiento válido Explicó que no hubo emplazamientos previos ni se esgrime como causa del cierre algún conflicto obrero-patronal de cualquier índole y magnitud "Estos paros, ajenos a la esencia y a los fines de la huelga legítima, no hacen sino dañar la economía de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y del país entero Atentan contra el patrimonio de muchos mexicanos, deterioran de manera irresponsable la imagen de México en el extranjero y ahuyentan la inversión de territorio nacional", puntualizó Además, señaló que, en el caso específico de Lázaro Cárdenas, los paros ponen en riesgo la fuente de empleo de centenares de trabajadores, sopretexto de defender una posición particular en el marco de un conflicto sindical interno, que debiera dirimirse con apego a la ley y en ejercicio irrestricto de la autonomía sindical "La STPS hace votos porque se imponga la razón, se diriman las diferencias por los cauces legales y se restablezca cuanto antes el orden público para bien de todos", concluyó Como resultado del paro de labores que afecta a las principales empresas acereras de Michoacán, el cual cumplió 48 horas, se prevé que las pérdidas superen los seis millones de dólares y que, en este lapso, se hayan dejado de producir al menos 12 mil toneladas de acero líquido El secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, confirmó que representantes legales de las siderúrgicas han interpuesto denuncias penales en contra de los dirigentes sindicales El pasado domingo, trabajadores adheridos a la Sección 271 del Sindicato Nacional Minero determinaron declararse en huelga y paralizar las labores en las principales empresas acereras del puerto, para exigir la restitución de Napoleón Gómez Urrutia como su dirigente sindical El hecho fue reprobado por la iniciativa privada del estado, que a través del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ricardo Rubi, exigió la inmediata intervención de las autoridades federales y estatales