México, DF, 17 de julio (apro) - Con poco margen de acción, la propia fiscalía especial para la guerra sucia le abrió la puerta a Luis Echeverría para librar cualquier proceso penal por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, como ya había sucedido en el caso de la matanza del 10 de junio de 1971 El guión fue el mismo: una inconsistente acusación de genocidio que la justicia federal desechó por ser un delito cuya prescripción es de 30 años, de acuerdo con un cuestionado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecido en junio de 2005 para los casos ocurridos antes del 2002 Ese año entraron en vigor en México los compromisos internacionales asumidos por el gobierno de Vicente Fox respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocidio En ese momento, Fox dio el primer paso para facilitarle la salida jurídica al expresidente, pues al ratificar esos compromisos, estableció que no aplicaban a los casos del pasado Ese criterio fue avalado por el Senado y, posteriormente, por la SCJN, aunque el máximo tribunal estableció una salvedad: el plazo de prescripción se interrumpe cuando los acusados gozan de inmunidad constitucional Aún así, de acuerdo con la justicia federal, el tiempo favoreció a Echeverría Bajo arresto domiciliario Con base en ese criterio, el pasado sábado 8 de julio el juez décimo quinto en materia penal federal, Ranulfo Castillo Mendoza, dictó el auto de libertad para el expresidente, de 84 años, que desde el 30 de junio se encontraba bajo arresto domiciliario acusado por los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco El juez resolvió que la acusación del fiscal era insostenible por la prescripción del delito de genocidio por el que lo acusó el titular de Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto La defensa de Echeverría esperaba confiada que el juez fallara a su favor con el solo argumento del transcurso del tiempo Así se lo hicieron saber a Castillo Mendoza en la declaración preparatoria que rindió por escrito el expresidente, el pasado miércoles 5 de julio, en la que negó su participación en los hechos del 2 de octubre que provocaron la muerte de 43 personas, entre civiles y militares "Si hubo genocidio, yo no fui Y si hubo delito, ya prescribió", le dijo Echeverría en su declaración por escrito al juez quien, junto con personal del juzgado y agentes del Ministerio Público, se tuvo que trasladar hasta el domicilio del expresidente, al sur de la Ciudad de México, para cumplir con la diligencia En su declaración, Echeverría siguió el guión que ha repetido durante casi 38 años: ese 2 de octubre, "militares, con sus armas desabastecidas, fueron a Tlatelolco a preservar el orden Unas personas, apostadas en departamentos y azoteas, dispararon a los militares, y por eso el primer herido fue el comandante de la tropa, general José Hernández Toledo "Los militares abastecieron sus armas y enfrentaron a quienes les disparaban Hubo 43 militares y manifestantes muertos, resultado de un enfrentamiento y no de una política de Estado de exterminio? No hay pruebas de mi probable responsabilidad penal en el enfrentamiento", le dijo al juez quien era el responsable de la seguridad interior del país, como secretario de Gobernación, cuando ocurrió la represión de estudiantes que cuestionaban al régimen autoritario del PRI En un régimen en el que el encargado de la seguridad interior controlaba todo, Echeverría se declaró ignorante sobre la identidad de "esas personas" que provocaron la matanza Es más, añadió: "Nada prueba que yo, conociendo los elementos de tipo penal, hubiese querido la realización de un hecho descrito por la ley; ninguna prueba hay de que yo hubiese sido el autor o el partícipe de un delito" Y si hubo delito, le declaró a Mendoza Castillo, la acción penal para su persecución se habría extinguido por la prescripción, lo cual habría ocurrido el 10 de noviembre del año pasado La salida jurídica fue fácil para el expresidente debido a la puerta que le abrió el propio Carrillo Prieto, al acusarlo de genocidio De hecho, el mismo juez Castillo Mendoza ya le había negado en septiembre pasado al fiscal la orden de aprehensión del expresidente por considerar que el acusador no acreditaba la existencia de ese delito Esa negativa se sumaba a la exoneración definitiva que la justicia federal había decretado a favor de Echeverría, acusado también de genocida, por los hechos del 10 de julio de 1971, cuando ya era presidente y ocurrió otra matanza de estudiantes, esa vez en San Cosme Sólo porque la fiscalía se inconformó por la negativa de Castillo Mendoza, el viernes 30 de junio, el magistrado José Ángel Mattar Oliva ordenó el arresto domiciliario del expresidente, acusado de genocidio por la Femospp, luego de casi cuatro años de integrar la averiguación previa en su contra por la matanza de Tlatelolco Ya con la exculpación por la matanza del 71, Echeverría esperaba que el juez décimo quinto de lo penal federal le dictara su libertad Así ocurrió al tomar en cuenta los argumentos del expresidente Para Echeverría, el mismo 2 de octubre de 1968, "el supuesto genocidio se habría consumado instantáneamente, y a partir de esa fecha la prescripción de 30 años habría comenzado a correr", de acuerdo con el criterio establecido el año pasado por la SCJN Ese plazo se habría interrumpido mientras fue secretario de Gobernación y luego presidente de la República, con un paréntesis de un año, un mes y nueve días, entre su renuncia a la secretaría y su toma de posesión Los abogados de Echeverría, Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, le presentaron al juez pruebas documentales para acreditar la prescripción del delito, entre ellas la carta de renuncia del secretario de Gobernación el 10 de noviembre de 1969 y reportes de la Presidencia y de prensa sobre ese hecho Según las cuentas del fiscal, el delito prescribe hasta el 1 de diciembre próximo, cuando se cumplen 30 años de haber dejado el poder Eso es así, dice, porque no se debe tomar en cuenta el periodo de su campaña presidencial Para desacreditar la acusación del fiscal, los abogados defensores también le entregaron al juez una copia de un parte militar sobre los hechos que forma parte de la averiguación previa y que está firmado por un capitán "Rojas Hisi" El reporte, que forma parte del material entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al Archivo General de la Nación (AGN), fue elaborado por un teniente de apellido Salcedo: Se refiere al famoso episodio sobre el departamento de una cuñada de Echeverría en Tlatelolco, Rebeca Zuno de Lima, y que según la fiscalía desde ahí se disparaba a los estudiantes Pero la defensa asegura en el informe que en ningún momento se indica que desde ahí se disparara, sino de departamentos vecinos Bonilla afirma que cuando se consignó el expediente del 2 de octubre el propio fiscal destruyó su propio planteamiento de genocidio, al decir que exculpaba al Ejército de esos hechos porque fue víctima de una trampa "Si el Ejército disparó fue porque cayó en una trampa, ¿dónde está la política de Estado de exterminio? Él mismo nos da la razón" Confiados en la absolución de su defendido por el mecanismo de la prescripción, la estrategia de los abogados fue desacreditar toda acusación de Echeverría como genocida, pese al estigma que pesa sobre él por los crímenes de Estado ocurridos durante sus años como uno de los principales servidores públicos del viejo régimen "No quisiéramos que el juez resuelva la libertad por la prescripción, que es indiscutible porque operó el 10 de noviembre de 2005 No quisiéramos que a fin de cuentas se diga que Echeverría es genocida Nosotros seguimos muy convencidos de que no es culpable, porque no hay pruebas que acrediten su responsabilidad, pero más todavía porque el 2 de octubre de 1968 y ninguna otra fecha se ha cometido el delito de genocidio en México", dijo Bonilla a Apro horas antes que se le decretara la libertad al expresidente Con Echeverría absuelto, empieza el fin legal de esa acusación, pues aunque el MP apelará, es probable que el mismo tribunal unitario que ordenó su arresto revise el expediente Pero como es un caso ya muy estudiado, se da por descontado que se resuelva en pocas semanas, tomando en cuenta que para el asunto del 71 la justicia federal ya resolvió en definitiva que la fiscalía no pudo acreditar el delito de genocidio, enfatizó Bonilla Justicia frenada Pero para el Comité del 68, en el que están organizados los exdirigentes estudiantiles, una resolución del juez favorable a Echeverría "no detendría el proceso, a lo más podrá retrasarlo durante un tiempo Se debe tener presente que existen infinidad de pruebas incriminatorias del expresidente que serán exhibidas en cuanto se requiera y exista la más mínima garantía de que serán consideradas y examinadas correctamente" Ante el nuevo revés y con escasos argumentos jurídicos, la fiscalía se dedicó a desacreditar al juez Mendoza Castillo, al que acusó de utilizar "muy pobres y anacrónicos criterios judiciales" en su decreto de liberación de Echeverría por la prescripción del delito Y amenazó: "En su momento daremos cuenta de estas gravísimas anomalías, obedientes a la lógica de los protectores de toda impunidad, ofensores del estado de derecho al que combate con sus hechos, sobre los que viene tendiéndose una inmensa sombra de duda, respecto de la integridad moral y legal de sus actuaciones"