"Disolución electoral", ¿nuevo delito?

miércoles, 26 de julio de 2006
México, D F, 25 de julio (apro)- Por el delito de "disolución social", a finales de los años cincuenta fueron apresados los dirigentes del movimiento ferrocarrilero ?Demetrio Vallejo, destacadamente--, y por el mismo delito en los años sesenta se persiguió los movimientos de los médicos y estudiantil Ambos fueron calificados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz como violentos, amenazas para el orden y la paz social y, por supuesto, infiltrados por la "conjura comunista" Tuvo que correr la represión del 68, la "guerra sucia" de los años setenta y el inicio de la amnistía en 1979 ?que condujo a la primera gran reforma electoral de los últimos años--, para que el autoritarismo del sistema político mexicano tuviera que aceptar que la protesta ciudadana, la resistencia civil, las marchas y hasta el derecho a disentir públicamente no fueran consideradas como delitos, sino como el ejercicio de un derecho ciudadano Treinta y ocho años después, los viejos reflejos de ese autoritarismo tan acendrado en las élites políticas y económicas de México vuelven a surgir a raíz de las fuertes críticas al Instituto Federal Electoral (IFE) y, específicamente, al Consejo General del organismo por su pésima actuación antes, durante y después del proceso electoral del 2 de julio Prácticamente se ha creado un extraño consenso entre televisoras, spots y algunos comentaristas que ven como una virtual traición a la patria criticar al IFE y la falta de certidumbre en los resultados electorales porque, dicen, esto significa criticar a "un millón de ciudadanos" que vigilaron las elecciones; porque es querer "echar por la borda" el proceso de ciudadanización del instituto y porque, "en democracia, uno pierde por uno o dos votos" Peor aún, a quienes se movilizan para protestar por los resultados y han asistido a las multitudinarias manifestaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para demandar algo tan simple y tan llano como el conteo "voto por voto, casilla por casilla", se les acusa de violentos, "renegados" (Fox dixit) y promotores del odio La última respuesta a esta demanda cívica no puede ser menos que un gesto digno del discurso autocrático: "Los votos ya se contaron tres veces y no requieren contarse" ¿Será que ya se contaron realmente o, simplemente, se computaron para ajustar a las cifras a un extraño 06 o 058 puntos de ventaja entre un candidato y otro? ¿Acaso es un delito reclamar certeza en los resultados cuando éstos no han estado claros ni siquiera para aquellos que votaron a favor de Felipe Calderón? ¿Desde cuándo una demanda cívico-política representa la antesala de la violencia y del odio? Por supuesto, a todos aquellos que nos atrevemos a escribir en favor del reconteo, a cuestionar el papel del Consejo General del IFE y a documentar las decenas de irregularidades sistemáticas que se produjeron el 2 de julio, nos llegan decenas de correos electrónicos para acusarnos de "sesgados", de "perredistas" (la nueva palabra cercana a la de "sediciosos") A muchos otros les llegan llamadas telefónicas para insultarlos, como ha sucedido con la escritora Elena Poniatowska, por el simple hecho de ¡expresar sus puntos de vista y ejercer su elemental derecho a la crítica y a la protesta! Frente a este panorama, vale la pena puntualizar algunos elementos: 1-Criticar a los integrantes de las instituciones no significa querer desaparecerlas o destruirlas Es una falacia pretender que, por cuestionar a los integrantes del Consejo General del IFE, a funcionarios de segundo y tercer nivel o documentar las irregularidades, se está promoviendo el retorno al viejo modelo de un órgano electoral, o se acusa de corruptos a un millón de ciudadanos que cuidaron las casillas No se critica la ciudadanización, sino la falta de un compromiso auténticamente ciudadano de los integrantes del Consejo General que, desde su origen, dieron claras muestras de sesgo político (siete de los nueve consejeros fueron electos de una terna palomeada por Elba Esther Gordillo y los diputados cercanos a Felipe Calderón Hinojosa) 2-Cuando se documentan deficiencias en el llenado de las actas y de contradicciones evidentes, no se descalifica a rajatabla a todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla Se está resaltando, tal como lo ha documentado también Alianza Cívica y otras organizaciones ciudadanas, que hubo severas fallas en la capacitación Una de las labores fundamentales del IFE es la capacitación en los funcionarios de casilla Se calcula que alrededor de una tercera parte de estos funcionarios tuvieron una formación deficiente Esto se deriva de la observación en una muestra de 2,500 casillas 3-Pedir un nuevo conteo de votos no es ningún delito El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido resoluciones en relación con esta posibilidad El criterio es que es conveniente abrir casillas cuando la distancia entre un triunfador y otro es muy corta (como ha sido el caso de los comicios presidenciales) y cuando "existen en las actas espacios en blanco o datos incongruentes que sean insuficientes para explicar esas situaciones con criterios racionales" Este criterio fue establecido en la resolución SUP-JRC 230/2003, cuyo magistrado ponente fue, precisamente, el actual presidente del tribunal, Leonel Castillo González jenarovi@yahoocommx

Comentarios