El pasado 10 de abril en Ciudad del Carmen, Campeche, fue detenido un avión DC-9 procedente de Venezuela con un cargamento de cinco toneladas de cocaína El expediente del caso integrado por la Procuraduría General de la República (PGR) revela detalles del apoyo y facilidades que, presuntamente, mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CNA) brindaron al cártel de Sinaloa para la transportación de la droga, expone Proceso este domingo 30 de julio La CNA contrató a los pilotos Marco Aurelio Pérez de Gracia y Fernando Poot Pérez pese a que tenían antecedentes penales por narcotráfico Ambos trabajaban de manera exclusiva para dicha institución y no estaban autorizados para realizar servicios como el que hicieron el 10 de abril último, cuando transportaron a cuatro presuntos narcotraficantes a bordo de un avión Falcon 20, que despegó del aeropuerto de Toluca con destino a Campeche En su declaración ministerial del pasado 29 de mayo, el jefe de los servicios aéreos de la CNA, Francisco Fernando Rodríguez Ibarra, negó haber ordenado a dichos pilotos que realizaran el viaje a Campeche También señaló que Poot Pérez no se presentó a trabajar y fue hasta el 12 de abril ?dos días después del aterrizaje del DC-9 en Ciudad del Carmen? cuando se percató de su ausencia En lo que se refiere a Pérez de Gracia indicó que a partir del 7 de abril dejó de acudir a sus labores De las evidencias y datos consignados en la averiguación previa PGR/CAMP/CARM/1/055/06 integrada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se desprende que los pilotos de la CNA ?quienes tienen adiestramiento militar y están capacitados para pilotear diversos tipos de aeronaves? operaban con amplias libertades y sin supervisión por parte de sus jefes Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, los cárteles han utilizado los aeropuertos del país para el trasiego de droga con el apoyo de elementos de la PFP, algunos de los cuales también se han visto involucrados en tráfico ilegal de personas, dice el reportaje que aparece este domingo 30 de julio en Proceso