Ciudad de Guatemala, 31 de julio (apro) - Durante la tercera semana de julio, dirigentes indígenas, activistas sociales, organizaciones de derechos humanos y autoridades de Centroamérica denunciaron las violaciones a los derechos humanos que persisten en la región Lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó en Guatemala una sesión extraordinaria Temas como la violencia intrafamiliar y los asesinatos masivos de mujeres que se registran en Centroamérica --con énfasis en Guatemala--, así como la violencia generalizada que se traduce incluso en asesinatos de niños y niñas y el tráfico de menores, fueron denunciados ante los relatores de la CIDH en audiencias públicas, las primeras que la Comisión celebra fuera de Washington Evelio Fernández, presidente de la CIDH, dijo a Apro que la comisión pudo constatar que "en el tema de derechos humanos en Centroamérica falta bastante por hacer, pero hay avances" Explicó: "Tendremos que dictar resoluciones sobre temas que hemos conocido, y cambiar mecanismos internos que hagan que éste tipo de visitas sean más fructíferas" Durante su estancia de una semana en Guatemala, la CIDH conoció denuncias sobre los Tratados de Libre Comercio y sus efectos en los Derechos Humanos en Centroamérica; los obstáculos en la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos; el estado del derecho colectivo de propiedad de los pueblos indígenas, y casos de comunidades afectadas por concesiones de explotación minera a cielo abierto en la región El arribo del pleno de la CIDH a Guatemala ocurrió en un momento de convulsión social en el país: hospitales nacionales paralizados por una huelga de médicos; bloqueos de estudiantes normalistas que se oponen a una reestructuración de la carrera de magisterio, y movilizaciones de ancianos que reclaman del gobierno cumplir una pensión para adultos mayores aprobada por el Congreso y paralizada en procesos judiciales Y es que, a pesar de que finalizaron los conflictos armados en Centroamérica, la violencia sigue siendo parte de la cotidianidad Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una instancia de apoyo a víctimas de la violencia, en Guatemala "las estructuras clandestinas de represión, el crimen organizado, la delincuencia común, las pandillas y los asesinatos políticos desangran al país" Un informe del GAM sobre la situación de derechos humanos en Guatemala en el primer semestre de 2006, reveló que, de enero a junio de éste año, se registraron mil 972 muertes violentas De ellas, mil 707 fueron de hombres, 217 de mujeres y 48 de niños y niñas Mil 523 asesinatos fueron perpetrados con arma de fuego y 134 por estrangulamiento Como parte de la agenda de la CIDH, más de 30 dirigentes de organizaciones de derechos humanos de Guatemala sostuvieron una reunión con el relator Victor Abramovich, en la que se llamó la atención de la comisión sobre la militarización de la seguridad pública; los asesinatos de mujeres; las crecientes amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos, y las acciones represivas contra organizaciones campesinas El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, presentó, a su vez, un informe ante los miembros de la CIDH, en el que destacó el aumento de la violencia en el país: 5 mil 338 homicidios en 2005; operaciones de limpieza social; un débil sistema de justicia, y baja inversión social en educación y salud Estado vs Estado En las audiencias públicas, celebradas el 19 de julio, uno de los casos relevantes fue el del Estado de Nicaragua, que presentó sus argumentos en una demanda interpuesta contra Costa Rica por la muerte del nicaragüense Natividad Canda Mairena, de 25 años de edad, atacado por dos perros cuando entraba a las instalaciones de un taller en Lima de Cártago El canciller nicaraguense Norman Caldera destacó, en la víspera de las audiencias, que la indiferencia del Estado costarricense en este caso es emblemática de la xenofobia que afecta a los migrantes nicaragüenses en Costa Rica Este caso es el primero conocido por la CIDH en el que un Estado demanda a otro, según hizo notar a la prensa el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón El Salvador también fue puesto bajo el foco de la CIDH El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (IDHUCA), apuntaron sobre la ineficiencia del sistema de justicia de ese país; la participación de policías en hechos criminales; la respuesta gubernamental de "mano dura" para frenar la violencia que no han impedido que la cifra de asesinatos sea de 55 por cada mil salvadoreños; un grave deterioro en la situación de derechos humanos, y la falta de esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra CEJIL también presentó, junto con la organización Casa Alianza, una demanda contra el Estado guatemalteco, por la falta de regulación en el tema de adopciones Feminicidio, tema crucial Una de las denuncias que concitó mayor atención fue la que presentaron 15 organizaciones de mujeres en Centroamérica sobre el aumento de los hechos de violencia contra las mujeres, fenómeno atribuible a causas diversas, entre ellas la violencia intrafamiliar Sólo en Guatemala, según Amnistía Internacional, más de 2 mil mujeres han sido asesinadas en los últimos cinco años Las dirigentes de las organizaciones feministas denunciaron que cientos de mujeres son asesinadas cada año por sus parejas y otras miles sufren de violencia intrafamiliar Las que se deciden a denunciar, tienen que enfrentar procesos complicados para recibir protección, repetir varias veces su historia, enfrentarse a autoridades que las amedrentan, y sufrir la falta de albergues Hilda Mortales, dirigente de la Red de No Violencia contra las mujeres de Guatemala, evaluó: "Los temas destacados en la reunión con la CIDH fueron el feminicidio, la violencia domestica y la revisión de las leyes internas sobre violencia domestica en cada uno de los países centroamericanos Nuestra expectativa es que se genere ahora una respuesta de la comisión y se emitan las recomendaciones necesarias para que, en nuestros países, se tome interés en el problema que está terminando con la vida de las mujeres" Víctor Abramovich, relator de los derechos de las mujeres, dijo a la corresponsal que en el tema de violencia contra las mujeres "hay que trabajar en el Código Civil, redefiniendo los roles entre hombres y mujeres" Respecto de "las situaciones de violencia en si, hay que poner igual énfasis en el funcionamiento de los sistemas penales, como medidas cautelares, que generarían menos muertes", señaló De las denuncias recibidas por la comisión, Abramovich destacó los altísimos niveles de violencia en muchos países de Centroamérica; algunas modalidades de violencia social que tienen que ver con el funcionamiento del crimen organizado, y dificultades en la administración de justicia Y en cuanto a la violencia contra las mujeres, la inefectividad de los mecanismos cautelares, la impunidad, la falta de funcionamiento de los sistemas penales, la re-victimización de las victimas de violencia, los prejuicios de género de los operadores judiciales y la debilidad de los mecanismos de investigación En éste tema, Abramovich planteó: "La estrategia del sistema interamericano será tratar, por un lado, contribuir a iluminar los problemas y, en un segundo plano, tratar de mejorar las respuestas de los Estados nacionales" La lucha por la tierra Sobre las comunidades indígenas de Centroamérica, el problema común es el tema de la tierra y el rechazo de los gobiernos del área a garantizarles sus derechos de propiedad, dijo a Apro Leonardo Crippa, del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas Expuso que los Estados centroamericanos promueven hacia fuera los derechos humanos de los pueblos indígenas "Lo que cuestionamos es que esa política exterior se traduzca en políticas públicas internas para que los pueblos indígenas puedan usar y disponer de las propiedades colectivas sobre las tierras que tradicionalmente vienen ocupando", explicó En el encuentro con los relatores de la CIDH, representantes del Congreso General Kuna denunciaron que el Estado panameño les ha negado el reconocimiento de derechos colectivos de propiedad sobre tierras ancestrales ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Santa Isabel En Costa Rica, con una población indígena de 70 mil personas, los pueblos Brunca y Teribe acusaron al Estado costarricense de desconocer durante 30 años sus derechos colectivos de propiedad, como lo marca la Ley Indígena, y de imponerles su organización en "Asociaciones de Desarrollo Indígena" gubernamentales En el caso de Nicaragua, dirigentes del pueblo Miskito acusaron al gobierno de incumplir una sentencia de la CIDH, que reconoció los derechos colectivos de propiedad de la comunidad indígena de Awas Tingni en la costa atlántica de Nicaragua, en el municipio de Waspan El Estado de Nicaragua pretende inscribir los títulos colectivos bajo la figura de co-dominio del Estado Por su parte, comunidades de El Estor-Izabal denunciaron que el gobierno guatemalteco no demarca ni les otorga títulos de propiedad de sus ancestrales territorios, desconociéndoles los derechos de propiedad sobre sus tierras