Tensado al máximo el conflicto social que erosiona a Oaxaca --uno de los principales focos rojos de ingobernabilidad en el país y donde el jueves último fue asesinado un manifestante--, la Secretaría de Gobernación envió a esa entidad --tardíamente-- a un grupo de apagafuegos, publica Proceso este domingo 13 de agosto La procuradora del estado, Lizbeth Caña Cadeza, en una conferencia de prensa realizada el viernes 11, deslindó al gobierno oaxaqueño de los hechos, señalando que el tiroteo fue producto de una "riña" que se dio en la calle por donde pasaba la manifestación: "Se da una riña y se desenlazan todos los acontecimientos? No podemos establecer todavía quiénes realizaron los disparos" Lo cierto es que, de esta manera, cayó el primer muerto en un tiroteo público, producto de la ya prolongada confrontación que sostiene el gobierno de Ulises Ruiz desde el pasado mes de mayo con los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes insisten en la renuncia del mandatario y son apoyados por las organizaciones agrupadas en la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) Renuente a encarar la problemática que envuelve a Ulises Ruiz a pesar de los constantes exhortos del mandatario, finalmente Gobernación envió a un grupo negociador encabezado por Francisco Yáñez Centeno, director general adjunto de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la dependencia, según el comunicado, en el que la dependencia "reitera su convicción de que la solución a la problemática que hoy vive el estado de Oaxaca debe pasar necesariamente por el camino del diálogo y la conciliación?, la situación que hoy vive el estado de Oaxaca es reflejo de una problemática que desde hace algunos años se ha ido complicando y que tiene múltiples aristas" El pasado 6 de agosto, cuatro días antes del tiroteo, el gobernador oaxaqueño envió una desesperada misiva al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la que le pide su intervención Incapaz de dar cauce a las demandas magisteriales que se convirtieron en movimiento ciudadano, el gobernador priista, Ulises Ruiz, se aferra al cargo, en tanto que la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca no da visos de ceder, señala Proceso en su edición en circulación