México, D F, 16 de mayo (apro-cimac)- Luego de calificar como positivo el proyecto de sentencia elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvador Aguirre Anguiano, sobre la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, organismos nacionales e internacionales señalaron hoy que, de votar a favor, la SCJN "establecería criterios sin precedentes de fundamental importancia para el avance democrático en México" En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Artículo 19, afirmaron que dicho proyecto reconoce como válidos la mayoría de los preceptos impugnados por los senadores que interpusieron hace casi un año la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN En marzo del año pasado, la representante de AMARC, Aleida Calleja, había señalado que la reforma a la Ley de Radio y TV "violentaba los principios constitucionales que garantizan el derecho a la información y a la libertad de expresión, pues entregaban a los grandes consorcios el dominio del espectro radioeléctrico" Calleja señaló que los principales beneficiados con la reforma serían las dos grandes cadenas de televisión que actualmente acaparan el mercado: Televisa y TV Azteca, y la empresa de Carlos Slim, Teléfonos de México, convirtiéndose así en una amenaza para la existencia de los pequeños radiodifusores, las radios comunitarias, indígenas y educativas, que no podrán competir con los "grandes consorcios" Por ello, esos organismos afirmaron hoy que, de votar la SCJN a favor del proyecto de sentencia elaborado por Aguirre Anguiano, se estaría "ponderando la función social de los medios de comunicación y privilegiando la pluralidad en la asignación de frecuencias radioeléctricas", sin que sea una condición "el elemento económico" para ese fin Añadieron que lo que se verá reflejado "es el fortalecimiento del Estado como garante del derecho a la libertad de expresión e información", y se refirieron a la "omisión" del Congreso de la Unión, al dejar fuera de las concesiones a los pueblos y comunidades indígenas Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2006, hizo referencia a la llamada "ley Televisa", al afirmar que las reformas incluían reglas para otorgar permisos a las radios comunitarias difíciles de cumplir El relator de la CIDH, Florentín Meléndez, quien se reunió con miembros de organizaciones civiles durante su visita al país en 2006, subrayó que las reformas no eran claras ni transparentes para los procesos de licitación, y dijo que la carencia de una legislación apropiada sobre la radiodifusión comunitaria, era uno de los principales factores que afectaba la libertad de expresión Por ello, recomendó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), legislar en materia de radiodifusión comunitaria para otorgar parte del espectro a las radios comunitarias y para que la asignación de frecuencias se base en criterios democráticos y no económicos En la conferencia de prensa, realizada en el Centro de Comunicación Social (Cencos), esas organizaciones señalaron que la SCJN debería "continuar con el uso de su facultad para introducir otros elementos de inconstitucionalidad que contienen las reformas, como la desigualdad en el trato que merecen los medios permisionados, dentro de los que se encuentran los comunitarios, frente a los concesionarios" En tanto, la SCJN se dedica "al análisis del asunto" En un comunicado, se informó que se prevé que, el próximo 21 de mayo, especialistas de la UNAM e IPN presenten ante la Corte las respuestas a un cuestionario sobre aspectos técnicos relacionados con la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores en contra del presidente de la República y otras autoridades, en torno de dicha ley