MÉXICO, DF, 14 de agosto (apro) - La Secretaría de Gobernación admitió que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el caso de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez bajo el tipo penal de "desaparición forzada de personas" A su vez, la comisión civil de mediación llegó a idéntica conclusión, y por ello pidió al gobierno federal y al grupo guerrillero emitir señales para proseguir con su labor Después de conocer la nueva postura de la Segob, la comisión consideró que se trataba de un signo "positivo pero insuficiente", pues no se ha investigado el caso ni se ha revelado el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez ni la responsabilidad de distintas autoridades, entre ellas el Ejército Mexicano "Se trata de una ?autoincriminación?", consideró el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, pues por definición, aclaró, en los casos de "desaparición forzada" el responsable es el Estado o personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo En una conferencia de prensa efectuada al mediodía, los comisionados presentaron un informe de 20 cuartillas en el que resumen su trabajo iniciado el 29 de abril, y en él concluyen que el gobierno de Felipe Calderón no ha dado los pasos necesarios para ubicar a los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario Al arranque de la conferencia, los integrantes de la comisión desconocían que Gobernación ya había aceptado calificar de "desaparición forzada" el caso de los dos eperristas Aclararon que no obstante que México suscribió la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2002, hasta la fecha el gobierno federal no ha dado los pasos necesarios para que en el marco legal nacional se adopten las medidas necesarias para cumplir con esa obligación internacional "A la fecha no se han investigado ni sancionado los casos de desapariciones forzadas ocurridas en el pasado reciente, y los responsables de esos delitos no han comparecido ante los tribunales de justicia", recordó la comisión Los mediadores subrayaron que desde el 13 de junio entregaron a la Segob un documento donde acreditaban que lo ocurrido con los dos eperristas se tipificaba como un caso de desaparición forzada La comisión --integrada por Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, Gilberto López y Rivas, Enrique González, Granados Chapa y Juan de Dios Rodríguez Monge-- insistió en que el gobierno federal no había dado acciones concretas para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, y tampoco para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su captura y desaparición En el transcurso de la conferencia, los mediadores se enteraron que la Segob había emitido un comunicado, donde por primera ocasión aludía a esa instancia como "comisión" y aceptaba que se estaba investigando el caso de los dos miembros del EPR bajo la figura de "desaparición forzada" El historiador Carlos Montemayor dijo que a las diez y media de la mañana se había presentado un enviado de la Segob para solicitarles una copia de su informe Así "nos ganaron la nota", acotó Granados Chapa, pero subrayó que con ese reconocimiento el gobierno se "autoincrimina", pues implícitamente reconoce que el Estado mexicano es el responsable de la desaparición Dijo que aunque era "positiva" esa postura, la comisión aguardaría a una respuesta más amplia, pues en el reporte se pide investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones En tanto, pidió al EPR definir el papel de la comisión en esta nueva etapa, es decir, si va a continuar con sus trabajos hasta que sean entregados con vida los dos eperristas capturados hace más de un año en el centro histórico de Oaxaca