MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (apro).- Por 44 votos a favor de las bancadas del PRD, PRI y PVEM, frente a 33 en contra del PAN, el Senado desechó la propuesta del Ejecutivo federal para desaparecer las secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y Función Pública.

En tribuna, el panista Alejandro Zapata defendió la propuesta de Felipe Calderón, con el argumento de que serviría para reducir costos gubernamentales y evitar la duplicidad de funciones.

“Nosotros en el PAN seguiremos impulsando la austeridad con una iniciativa más ahorrativa y destinando los recursos a los sectores más vulnerables”, afirmó el senador potosino.

Sin embargo, el priista Jesús Murillo Karam le reviró al señalar que, según las cifras de la propia Secretaría de Hacienda, el ahorro por la desaparición de esas tres secretarías era nulo.

“Cuando hicimos las consultas con el gobierno, no sabían ni qué hacía cada área. No se sabía qué iba a pasar con las secretarías y con sus funcionarios, no se plantea quién y cómo se cubren las funciones”, puntualizó el senador hidalguense.

Por el PRD, Pablo Gómez advirtió que el Ejecutivo federal no analizó la iniciativa, ya que en el análisis que se realizó en las comisiones dictaminadoras, los senadores concluyeron que se trata de una “propuesta incongruente”.

Durante el día, diversas organizaciones campesinas acudieron al Senado para protestar contra la posible desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Al mismo tiempo, empresarios del sector turístico argumentaron que esta actividad genera 2.4 millones de empleos bien remunerados, además de que es la segunda fuente de divisas del país.

En tanto, organismos no gubernamentales acudieron a la sede del Senado para defender la existencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Y los legisladores concluyeron que también la SFP es indispensable para la rendición de cuentas en el sector público, por lo que votaron en contra de su desaparición.

La iniciativa que hoy se votó en el pleno advirtió que, de aprobarse la desaparición de las tres secretarías, se generarían “riesgos de carácter económico y social”. Por estas razones, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos determinaron como “improcedente” la propuesta de Felipe Calderón.