MÉXICO, D.F., 7 de diciembre (apro).- La acusación por prácticas fraudulentas en contra de The Coca Cola Company fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que analizará el recurso de revisión de juicio de amparo interpuesto por el exdirector de comercialización de esa trasnacional, Ángel Alvarado.
La compañía refresquera fue demandada por Alvarado a raíz de que utilizó mecanismos de outsourcing, a través de la empresa Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V (SIAGSA), para incumplir con las obligaciones laborales.
Desde agosto de este año, Proceso documentó sobre las demandas interpuestas por Ángel Alvarado en contra de The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation, tanto en México como en Estados Unidos, por incumplir con los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional.
La denuncia de Alvarado es porque tanto Coca Cola como su grupo de embotelladores pretenden encubrir el esquema de outsourcing a través de terceros, como SIAGSA, para evitar el pago de prestaciones, así como el reparto de utilidades. Además, las autoridades laborales han sido omisas y han favorecido a la poderosa empresa refresquera.
Alvarado fue despedido de la compañía el 8 de mayo de 2007, al negarse a participar en el nuevo esquema de “guerra relámpago” que la empresa impuso en todas sus filiales para acaparar el mercado de la industria refresquera.
El exdirector de comercialización de Coca Cola fue presionado psicológicamente para renunciar, sin que la empresa le reconociera sus 16 años de antigüedad.
SIAGSA alegó que el despido de Alvarado fue por una supuesta violación al Código de Conducta Empresarial, que desde el punto de vista laboral no tiene fundamento y está prescrita.
El exdirectivo inició el litigio el 6 de junio de 2007, ante la sala 16 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con el número de expediente 390/2007.
Tras su denuncia pública, Alvarado acudió a la Cámara de Diputados, el 27 de octubre pasado, donde el pleno aprobó un punto de acuerdo interpuesto por Emilio Serrano, diputado del PRD, en el que se exhorta a las autoridades judiciales del país para que los procesos penales interpuestos se atiendan con puntualidad y legalidad.