MÉXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- Policías municipales de Tijuana, Baja California, torturados en instalaciones militares y arraigados por la Procuraduría General de la República (PGR), fueron liberados la noche del lunes 7 de diciembre “bajo amenazas”, denunció Mayra López, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Los policías liberados formaban parte de un grupo compuesto por 11 agentes que fueron conducidos a la II Zona Militar de Tijuana, por órdenes del secretario de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola.
Este caso fue conocido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el pasado 5 de noviembre. La denuncia fue presentada por Luis Castellanos, hermano de Ricardo Castellanos, policía municipal detenido por sus compañeros de trabajo por órdenes de Leyzaola y conducido a la II Zona Militar.
De acuerdo con el testimonio de Castellanos, los policías fueron torturados por militares y “resucitados” para seguir siendo atormentados con la finalidad de que se aceptaran ser narcotraficantes.
Junto con ese caso, en Washington se difundieron los de dos policías ministeriales que fueron liberados después de ser torturados en instalaciones miliares; los de otros 25 policías municipales que ahora son procesados en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit; y los de otros cuatro civiles detenidos en Rosarito acusados de secuestro y procesados también en el estado de Nayarit.
Los casos de los 25 policías municipales y de los cuatro civiles fueron incluidos en la lista de “asuntos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos por el Ejército Mexicano”, en el reciente informe de Amnistía Internacional (AI), presentado este martes 8 de diciembre.
La abogada Mayra López, de la CMDPDH –organización que representa ante la CIDH a los familiares y a las víctimas de torturas infligidas por militare--, informó que la noche del lunes los 11 policías que estaban arraigados en un hotel de Tijuana fueron liberados sin que se les proporcionara “ningún papel o información” sobre su liberación.
Apuntó que, de acuerdo con la comunicación sostenida con sus representados, éstos fueron liberados “con la condición de que no denunciaran que habían sido torturados”. Además, les advirtieron que tenían la certeza de que algunos de los policías liberados tienen “vínculos con el narcotráfico”.
Según la abogada, los policías recibieron la advertencia de que si denunciaban lo que les ocurrió durante su arraigo “los matarían”.
Mayra López señalo que este caso fue “profusamente documentado luego de regresar de Washington a la Secretaría de Gobernación, tal como se pidió durante la reunión ante la CIDH”.
Comentó que recientemente la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Mexicana que de los cuatro casos documentados, tres han sido enviados a la Procuraduría de Justicia Militar para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Otros tres casos documentados por los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez, José María Morelos y Pavón, y Tlachinollan, también están siendo investigados por la justicia militar, agregó.
“Lo que las organizaciones civiles de derechos humanos, mexicanas e internacionales, hemos rechazado que se el Ejército Mexicano se investigue a sí mismo, porque lo único que se garantiza es la impunidad”, concluyó Mayra López.