Los enfrentamientos en las calles entre sicarios y militares, las ejecuciones a cualquier hora del día y las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras oficiales han provocado que el gobierno de Felipe Calderón esté cerrando los archivos que desde 2002 eran públicos por ley La excusa: motivos de seguridad nacional El resultado: policías en uniformes sin rostro, entes anónimos como servidores públicos y estadísticas convertidas en material sensible

De acuerdo con resoluciones, solicitudes de acceso a documentos oficiales y los debates de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revisados por Proceso, el punto de quiebre fue el 8 de mayo de 2008, cuando fue asesinado Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), a quien las autoridades consideraban "el cerebro" en la estrategia contra los cárteles de las drogas

A partir de ese momento, el gobierno restringe cada vez más el acceso ciudadano a la información pública hasta llegar al máximo grado de opacidad: empujar una reforma legal para impedir que nunca más se vuelva a conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas
El comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero asegura que este comportamiento del gobierno de Felipe Calderón afecta la vida cotidiana de la gente, nulifica el control ciudadano sobre los órganos de seguridad y, sobre todo, impone una política de cerrazón que recuerda los excesos durante la pasada administración del presidente de Estados Unidos, George Bush
Este es un extracto del reportaje que publica Proceso en su edicción 1686 que empezó a circular este domingo 22 de febrero