TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 18 de mayo (apro)- Efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial (PM) de Chiapas, desmantelaron el fin de semana una célula del grupo armado Los Zetas en Tapachula, y detuvieron a varios servidores públicos como presuntos encubridores, entre ellos al director de la Policía Estatal Fronteriza

         En sendos operativos realizados entre el sábado y el domingo, los militares y los agentes de la PM decomisaron también un arsenal y cinco vehículos

Los miembros de Los Zetas detenidos son Willian Murillo Villa, Julio César Escobar Escobar, Leonel Soto Pérez, Andrés Wong Cinco y Gerardo Domínguez Álvarez, El Caballo; así como Blanca López Ávalos y Ángela Barrios Almaraz

Al momento de rendir su declaración ante el Ministerio Público, los detenidos reconocieron pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas, y dedicarse al tráfico de drogas, de armas de fuego y explosivos, y de personas, así como haber cometido diversos homicidios Además, revelaron que recibían protección de algunos jefes policíacos

Entre el sábado y el domingo, los miembros del Ejército Mexicano y de la  Policía Ministerial realizaron diversos cateos en siete casas y un rancho, tanto en Tapachula como sus alrededores, donde aseguraron un total de 84 granadas, 25 armas largas (entre AK47, conocidas como "cuerno de chivo" y AR-15), tres armas cortas, tres mil 691 cartuchos útiles, 135 cargadores, 19 chalecos antibalas

Así también, 25 fornituras de diferentes tipos, ocho placas para chalecos antibalas, tres radios de comunicación y cinco vehículos, uno de ellos blindado

Horas más tarde fueron detenidos el director de la Policía Municipal de Tapachula, José Fernando Sereno Victorio; el director de la Policía Fronteriza, David García Arizmendi; el exdirector de la Policía Municipal de Tapachula, José Manuel Cinta Solís; y el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Fronteriza-Costa, Luis Alberto Aguilar García, quienes fueron señalados por los presuntos Zetas de brindarles protección

Por su parte, Leonel Soto Pérez reveló que él personalmente entregaba a los servidores públicos involucrados entre 90 mil y 160 mil pesos mensuales, para que les informaran sobre los operativos que realizarían las diferentes corporaciones policíacas y, dejarlos operar libremente en la zona de Tapachula

La PGJ turnó el caso a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)

La misma corporación atrajo el caso e inició una averiguación previa, asimismo, se hizo cargo de las armas, objetos asegurados y detenidos, que fueron hoy lunes trasladados a la Ciudad de México