Expertos de la ONU y de la PGR reforzarán investigación sobre News Divine

viernes, 19 de junio de 2009
MÉXICO, D F, 19 de junio (apro)- A un año del fallido operativo policiaco en la discoteca New's Divine que desembocó en la muerte de nueve jóvenes y tres policías,  el proceso penal iniciado contra 42 servidores públicos ?ninguno de los cuales está preso en la actualidad--, registra un avance de 80%
         Además, las autoridades capitalinas y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no terminan de ponerse de acuerdo ni siquiera en las causas de la muerte de por lo menos tres jóvenes
Según la Comisión, en las necropsias practicadas aparecen fuertes contusiones, lo despierta sospechas sobre las causas reales de la muerte
De inmediato, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, echó tierra a esa hipótesis y para no dejar lugar a dudas propuso que un grupo de expertos de la ONU verifique los dictámenes periciales no sólo de los tres jóvenes, sino de los nueve
El organismo internacional aceptó de inmediato la invitación y enviará a México una misión de siete expertos en patología forense, para descartar cualquier posibilidad de error en las necropsias
Al presentar el "Recuento de Actividades en Seguimiento a la Recomendación 11/2008 del caso New´s Divine", el titular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, reiteró que, después de un año, persisten inconsistencias en las averiguaciones de la PGJDF, y recalcó que "el asunto es grave, ya que no hay responsables, no hay culpables penales definidos"
Además, informó que en julio de 2008 se reunió con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida y "hablamos justamente de las necropsias donde se establecían mecánicas de hechos que se referían a golpes que pudiesen ser la causa de la muerte"
Y añadió que el organismo a su cargo ha ofrecido reiteradamente "sus oficios para que, si así se considera, solicitar la exhumación y realizar la investigación" correspondiente
En cuanto al avance del cumplimiento de la recomendación a la dependencia local, recordó que el 8 de julio del año pasado la CDHDF detectó inconsistencias en la investigación, que repercutieron en el desarrollo del proceso penal, por lo que "mediante diversos oficios se solicitó que se realizaran acciones por parte de la PGJDF para corregir las fallas estructurales evidenciadas"
         Añadió que luego de ejercitarse acción penal por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y negación del servicio público, ello dio lugar a procesos penales
         "Sin embargo aún quedan pendientes de investigación las presuntas responsabilidades de los titulares (en ese entonces) de las dependencias involucradas con los hechos (PGJDF, SSP y la delegación Gustavo A Madero)", es decir, Rodolfo Félix Cárdenas, Joel Ortega y Francisco Chiguil, respectivamente
         En ese sentido, Álvarez Icaza manifestó que "hay una disociación entre la legalidad y la justicia expedita", por lo que instó a la Procuraduría capitalina, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), así como a la Fiscalía de Servidores Públicos, que "agilicen su trabajo y generen líneas de investigación"
         Puntualizó: "Creemos que es importante insistir sobre la necesidad de la respuesta expedita en la justicia para no mandar un mensaje indebido de impunidad"
         Y lamentó que a pesar de los esfuerzos y la voluntad política expresada por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, no se aprovechó el momento para hacer una renovación del sistema policiaco "para dar un trato digno, con respeto, a los derechos de los jóvenes"
         Así mismo, reconoció que a nivel nacional se sentó un precedente sobre los apoyos económicos que recibieron las víctimas y sus familiares en la reparación del daño, pero insistió en que "todos estos esfuerzos (del GDF) quedan en un segundo plano cuando la justicia no ha llegado, así como el reconocimiento de que la protección de los jóvenes es una responsabilidad del Estado"
Recomendaciones "parcialmente cumplidas"
Sobre la recomendación, que comprende 40 puntos,  Álvarez Icaza resaltó que las autoridades a las que fue dirigido el documento ?la jefatura de gobierno del DF y la delegación Gustavo A Madero? cumplieron a cabalidad con el 50%
         Detalló que de las 34 recomendaciones que se hicieron al jefe de Gobierno, 18 son consideradas por la CDHDF como cumplidas, en tanto que los restantes 16 puntos están "parcialmente cumplidos"
         Así mismo, agregó que a un año de los acontecimientos, la CDHDF no ha recibido el video original de los hechos, aunque recibió documentación de parte de las autoridades en el sentido de que no fue alterado
Al respecto, la PGJDF solicitó a la Procuraduría General de la República que analice el video captado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) para determinar si éste fue editado
La intervención de la PGR es porque la Procuraduría capitalina no cuenta con peritos en la materia, justificó Mancera
"Este video está puesto a consideración de los peritos de la PGR para que sean ellos quienes nos digan si está editado o no está editado, en el área de nuestra Procuraduría no tenemos un perito especialista y no quisimos arriesgarnos a solicitar a un tercero () sino que solicitamos una intervención oficial pericial para determinar si está editado y cuáles son esos alcances", señaló Mancera al rendir un informe sobre las investigaciones del caso
En tanto, Álvarez Icaza señaló que entre otros temas pendientes, luego del operativo en la Nueva Atzacoalco, está el de garantizar espacios públicos seguros y dignos para los jóvenes, y que el consejo de verificación de los establecimientos mercantiles asuma funciones para garantizar su debido funcionamiento
         E insistió que ante la falta de justicia queda una "visión de claroscuros", en la que, por un lado, hay una atención importante a víctimas, pero no se generaron "condiciones para un cambio estructural, reconociendo que en ello se requiere también la participación de otras instancias, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la modificación del sistema policiaco"
         Y deploró que a pesar de que no ha habido más operativos policiacos como el realizado en la discoteca New's Divine, el 20 de junio del año pasado, la CDHDF sigue recibiendo quejas de ciudadanos que acusan a servidores públicos de "no respetar los derechos de los jóvenes y que sigue habiendo revisiones por su apariencia"
         En su balance, la PGJDF apuntó que a la fecha se han consignado a 50 personas, de las cuales 42 se encuentran sujetas a proceso penal De ellos 29 son servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, 10 de la PGJDF, uno de la delegación Gustavo A madero, uno más de la Secretaría de Salud y un particular Este último, dijo, es el administrador de la discoteca
 
Padres de víctimas convocan a una marcha
 
Por otro lado, los padres de las víctimas del fallido operativo en la discoteca Ne'ws Divine convocaron a una marcha para exigir justicia, porque a un año de la tragedia, dijeron, se mantiene la impunidad
         Los familiares de seis de las 12 personas que perdieron la vida el pasado 20 de junio, en la colonia Nueva Atzacoalco, colocaron dos lonas en un puente peatonal sobre la avenida de los Insurgentes, a la altura de La Raza, en las que piden justicia y convocan a la marcha
         Una de las mantas, con fondo blanco y letras blancas, dice: "Acompáñanos en la marcha silenciosa por la justicia Próximo sábado 8 PM, del Ángel de la Independencia al Zócalo" Y en la segunda manta se lee: "Un año del New's Divine y sin culpables, somos los papás de las víctimas, apóyanos, prende tus luces"
         En entrevista, el padre de Isis Gabriela Tapia, Rubén Tapia Gamboa, informó que para conmemorar el aniversario de la tragedia, a las 16:00 horas de mañana develarán una placa en el local de la discoteca; posteriormente, a las 17:00 horas, se oficiará una misa a las afueras del New's Divine, y a las 20:00 horas marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, para hacer patente la "burla" del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard
         De todos los implicados, la única persona que se encuentra en prisión es el administrador del establecimiento donde perdieron la vida los nueve jóvenes, debido a que el delito por el que está acusado, corrupción de menores, está considerado como grave

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