CANCÚN, Q. Roo, 11 de enero (apro).- El gobernador Félix González Canto ordenó investigar el proceso de adjudicación de las obras de ampliación de la cárcel de Cancún, a la empresa Safie, propiedad del empresario Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
     González Cantó explicó que aun cuando las convocatorias para la realización de obras son públicas “y hay algunos parámetros que se revisan” de las empresas, “obviamente no hay manera de checar a veces quiénes son los dueños, quiénes son los que están detrás”.
    El semanario Proceso reveló en el número que empezó a circular esta semana (1732) que el penal estatal hasta hace poco en control de Los Zetas, es ampliado por una constructora propiedad de un sobrino del jefe del cártel de Juárez, quien mantiene una alianza en la plaza con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
    Hoy el gobernador de Quintana Roo insistió que ya se inició una indagación para saber “si hay algún señalamiento, algún boletinamiento (sic) de esta empresa a nivel nacional”, y garantizó que si se encuentran elementos suficientes para cancelarle esta obra, “por supuesto que de inmediato” lo hará.
    “Mientras no esté boletinada por la Contraloría o por la Secretaría de la Función Pública federal, en el caso de obras a nivel federal, pues no hay ninguna referencia para impedir que participe y si esta empresa cumple con los requisitos de ley, no habrá ningún problema; en caso contrario se les cancelaría el contrato”, reiteró.
     El empresario chihuahuense Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva, está ampliando y remodelando la prisión estatal Benito Juárez, ubicada en esta ciudad, gracias a un contrato de obra pública que le otorgó el gobierno de Quintana Roo, publicó el semanario Proceso.
     Pese a versiones según las cuales el empresario se dedica a lavar dinero de los Beltrán Leyva, él obtuvo dicha concesión para su empresa inmobiliaria Safie de Quintana Roo, que actualmente construye 250 nuevos “espacios” en esa prisión –antes controlada por Los Zetas– para resolver el hacinamiento en que viven sus reclusos.
     La decisión de ampliar el penal fue tomada el año pasado por el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit, acusado de proteger las actividades de los Beltrán Leyva en Quintana Roo.
     El contrato de obra pública número CEE-OP-060/09, cuya copia tiene Proceso, estipula que el sobrino de Carrillo Fuentes, en “su carácter de administrador único” de Safie y, por lo tanto, “contratista” de la obra, recibirá 9 millones 876 mil pesos por construir un “edificio” de “252 espacios” para recluir a los “varones”, además de que levantará la “barda perimetral” y “el rondín interior y exterior” de la cárcel Benito Juárez, en la que también hay una sección para mujeres, la cual que no tendrá modificaciones.
     Firmado el 11 de agosto de 2009, el contrato añade que Safie es una constructora legalmente constituida, tiene capacidad para “la ejecución de la obra” y “dispone de la organización y elementos suficientes para ello”, motivo por el cual ganó la licitación número 034/09.
     A la fecha, los trabajos reportan un avance de 40%, y la empresa en cuestión ha recibido dos pagos por 2.6 millones pesos.
    Al respecto, González Canto insistió que ésta, como otras licitaciones, “salen a concurso público abierto, cumplen una procedimiento, y gana la empresa que tenga las condiciones de precio, las condiciones de tiempo, las condiciones que normalmente se piden, y no hay ninguna referencia según los informes que tengo, de que esté boletinada la empresa”.
      Reiteró que “los funcionarios que revisan estos concursos no tienen manera de conocer quiénes son los propietarios, son sociedades anónimas y con estos elementos que ahora tenemos en los medios informativos, pues ya es diferente el proceder que podemos tener”.