CANCÚN, Q. Roo, 11 de enero (apro).- Luis Carlos Carrillo Cano, cuya empresa –Safie– está a cargo de las obras de remodelación de la cárcel de esta ciudad, negó este lunes tener algún vínculo familiar con los narcotraficantes Amado y Vicente Carrillo Fuentes.
     En breve conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el ingeniero Saúl Fierro, el empresario dijo: “No los conozco”.
Y añadió: “No sé si aquí en México sea un pecado apellidarse Carrillo. Ése es mi único pecado”.
     Luis Carrillo Cano aseguró que la fortuna que tiene es fruto de “su tesón y trabajo”, y agregó que se declaró “el primer sorprendido y extrañado” por el presunto nexo que se le imputa con los líderes de la organización criminal.
     “No tengo ningún parentesco ni relación con Amado Carrillo ni con Vicente ni con los Beltrán Leyva. No tengo ningún tipo de relación con ningún grupo criminal”, puntualizó.
    Y cuando se le inquirió sobre sus nexos familiares con Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, esquivó: “Eso lo contestaré si alguna autoridad me lo pregunta”, con lo que dio por concluida la conferencia.
     En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (1732) da a conocer que el penal estatal en Cancún, hasta hace poco en control de Los Zetas, es ampliado por una constructora propiedad de un sobrino del jefe del cártel de Juárez, quien mantiene una alianza en la plaza con el cártel de los Beltrán Leyva.
Señala que Luis Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, remodela la cárcel estatal de Benito Juárez, ubicada en esta ciudad, gracias a un contrato de obra pública que le otorgó el gobierno de Quintana Roo.
La decisión de ampliar el penal fue tomada el año pasado por el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit, acusado de proteger las actividades de los Beltrán Leyva en Quintana Roo.
     El contrato de obra pública número CEE-OP-060/09, cuya copia tiene Proceso, estipula que el sobrino de Carrillo Fuentes, en “su carácter de administrador único” de Safie y, por lo tanto, “contratista” de la obra, recibirá 9 millones 876 mil pesos por construir un “edificio” de “252 espacios” para recluir a los “varones”, además de que levantará la “barda perimetral” y “el rondín interior y exterior” de la cárcel Benito Juárez, en la que también hay una sección para mujeres, la cual que no tendrá modificaciones.
     Firmado el 11 de agosto de 2009, el contrato añade que Safie es una constructora legalmente constituida, tiene capacidad para “la ejecución de la obra” y “dispone de la organización y elementos suficientes para ello”, motivo por el cual –asegura– ganó la licitación número 034/09.