El gobernador de Morelos "no controla ni su casa"

lunes, 18 de enero de 2010

MEXICO, D.F., 18 de enero (Proceso).- El gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, ha tenido una carrera política marcada por el escándalo derivado de su fanatismo religioso y por el auge del crimen organizado en esa entidad, pero también por presuntas conductas delincuenciales de su familia.

El hijo mayor del mandatario estatal, Armando Adame Alemán, cometió el delito de robo para, según él, pagar una extorsión de la que se dijo víctima, según la averiguación previa SC/3/341/05-01. Las pesquisas no prosperaron.

Y es que el robo perpetrado por Adame Alemán fue en contra de su propia familia: a su padre lo despojó de vales de gasolina por casi 5 mil pesos; una computadora lap top con valor de 25 mil pesos; un reloj digital de 5 mil y una grabadora de mil. También sustrajo una Palm propiedad de su hermano Juan Pablo.

De acuerdo con la averiguación previa iniciada el 19 de enero de 2005, cuando Adame Castillo era senador y precandidato a gobernador, los objetos robados por Armando a su padre y a su hermano fueron entregados como pago de una extorsión a un sujeto que había sido su compañero en el colegio donde ambos estudiaban la preparatoria abierta.

Conforme a la denuncia que Adame Alemán presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, un tal Carlos Enrique Rodríguez lo convenció de vender joyería de plata y le entregó un kilo de ese metal. El negocio no funcionó y Armando decidió finiquitar la sociedad.

La deuda contraída por Adame Alemán creció por los réditos abusivos impuestos por su socio, según su propio testimonio. Para pagarla, aseguró, tuvo que robar a su padre y a su hermano –militantes, como él, del PAN–, y sólo hasta que cayó enfermo le informó de estos hechos a sus padres, quienes lo enviaron a presentar la denuncia.

El policía que comenzó a investigar la extorsión de la que Adame Alemán dijo ser víctima fue el comandante Héctor Humberto Miranda Pizarro, quien trató de interrogar al muchacho y al propio senador Adame, pero no pudo localizar a ninguno de los dos. La familia se desistió de la denuncia.

“A las dos semanas, la familia me pidió que ya no siguiera la investigación porque no pude contactar con el senador y el hijo tampoco estaba a la vista”, recuerda el policía. Un año después, el 5 de abril de 2006, Miranda Pizarro participó en el operativo de detención de una banda de robacoches, cuyos compradores fueron identificados como Los Perros (Proceso 1543).

Uno de los detenidos, el menor de edad Jorge Ramírez García, identificó a José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Manuel Adame Tapia como los compradores de automóviles robados y condujo a la policía al domicilio de ambos, en el poblado de San Carlos, en Yautepec, Morelos.

Agentes de la Policía Ministerial procedieron al trámite de rutina: subieron a los detenidos –cuya identidad desconocían– a un vehículo oficial para presentarlos en Cuernavaca ante la procuraduría estatal, acusados de los delitos de robo y asociación delictuosa.

Pero en el camino José Luis Adame Castillo se identificó como hermano del candidato a gobernador y se le dieron “facilidades” para hacer y recibir llamadas telefónicas, al cabo de las cuales, repentinamente, los policías recibieron una orden: abortar el operativo y regresar a los detenidos a su domicilio.

Pocos días después, 11 de los 13 policías que participaron en el operativo, encabezados por Miranda Pizarro, fueron detenidos y consignados por abuso de autoridad, pese a que la orden de dejar libres a los Adame provino –según el comandante– de la entonces procuradora Claudia Aponte y del gobernador Sergio Estrada Cajigal.

Adame Castillo, quien heredó de los hermanos Serrano Limón el Movimiento Testimonio y Esperanza –uno de los organismos de fachada de El Yunque–, aseguró que su hermano y su sobrino fueron torturados, acusación que siempre negaron los policías involucrados en el operativo.

“No solamente tiene un hermano (señalado como delincuente), sino también un hijo que lo roba”, aseguró Miranda Pizarro al reportero, y sentenció: “El buen juez por su casa empieza, y si el senador no tiene control de su casa, menos va a tener el control de un gobierno.”

Este reportaje se publicó en la edición 1733 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 16 de enero.