MÉXICO, D.F., 11 de octubre (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) denunció actos de discriminación y muerte en contra de menores indígenas de Guerrero y sus familias, en los estados de México y Jalisco.
En un comunicado, el CDHMT informó que el pasado 8 de octubre una niña me’phaa (tlapaneca) de cinco meses fue arrollada por un camión recolector de tomates en la localidad de San Lorenzo Taltecoyan, del municipio de Ozumba, Estado de México, donde sus padres trabajaban como jornaleros agrícolas.
La organización de derechos humanos explicó que la menor se encontraba en una cajita a modo de cuna que fue colocada por sus padres en uno de los surcos del sembradío de tomates. La caja fue aplastada por un camión que invadió el surco, causando la muerte instantánea a la menor.
Tlachinollan apuntó que el cuerpo de la bebé estuvo seis horas en los surcos, hasta que llegó personal de la Agencia del Ministerio Público y se levantó el cadáver, en tanto que los padres –que percibían 140 pesos al día-- fueron presionados por el patrón para que la menor fuera sepultada en el municipio de Atlautla y no en su pueblo en la Montaña guerrerense.
En tanto, agregó la organización, el 7 de octubre se registró un accidente automovilístico en el municipio de Aranda, Jalisco, en el que resultaron heridas 11 personas de una familia, cinco de ellos menores de edad. La familia se dirigía a trabajar en el campo cuando ocurrió el incidente.
Al no contar con seguro médico, los indígenas fueron obligados a pagar más de 15 mil pesos por servicios de salud, en tanto que el chofer del vehículo contra el que chocaron exigió el pago de 120 mil pesos como indemnización, cifra que el Ministerio Público ordenó pagar en las siguientes semanas.
Los indígenas costearon con sus recursos el viaje a Jalisco y su estancia, y trabajaban en la cosecha de tomatillo, en la que ganaban 20 pesos por costal.
De acuerdo con la información, el empleador de los indígenas “se deslindó por completo de toda responsabilidad de sus trabajadores a pesar de que está obligado por ley a garantizarles una seguridad social”.
Tlachinollan recordó que en el mes de noviembre de 2009 en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, “se expuso y se visibilizó la grave la situación que sufren los jornaleros indígenas migrantes”.
A pesar de los compromisos contraídos, apuntó, “el Estado mexicano no ha implementado (…) las medidas necesarias para atender esta situación, y los jornaleros y migrantes siguen siendo objeto de discriminación, invisibilizados y colocados en una situación de vulnerabilidad y riesgo extremos”.
Tlachinollan señaló que cada año ocho mil indígenas de Guerrero salen de la Montaña para trabajar como jornaleros agrícolas a los estados del país. De la cifra, apuntó, 38% son niños menores de 14 años, y muchos de ellos se ven obligados a trabajar en los campos para ayudar a la precaria economía familiar.
Desprotegidos, varios menores han fallecido en los campos agrícolas sin que “se señale a los responsables de esta tragedia”. Tlachinollan lleva un recuento de ocho niños fallecidos de 2007 a la fecha.
Las situaciones como las ocurridas en el Estado de México y en Jalisco “ponen de manifiesto una vez más las condiciones de especial vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas migrantes que se dirigen junto con sus familias a trabajar como jornaleros a los campos agrícolas, así como el trato discriminatorio que reciben y la falta de condiciones mínimas de seguridad para garantizar su integridad personal, su derecho humano a la vida y las condiciones óptimas en los lugares de trabajo”, concluyó Tlachinollan.

jpa