MÉXICO, D.F., 19 de octubre (apro).- Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por el presidente Felipe Calderón porque, a su juicio, no cumple con los estándares internacionales ni con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para acotar el fuero militar.
    En tanto, Inés Fernández Ortega, una de las indígenas tlapanecas (me phaá) que fueron violadas por soldados del Ejército Mexicano, y beneficiaria de una de las sentencias emitidas por el tribunal interamericano, acudió a la Cámara de Diputados y exigió castigo para los soldados que la agredieron, así como la salida de militares de la región indígena de la Montaña de Guerrero.
    La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró la iniciativa de Calderón como insuficiente por el “muy limitado catálogo de exclusiones” de delitos en los que no tendría competencia el fuero militar, violación, tortura y desaparición forzada.
    En un comunicado, la ACNUDH hizo un leve reconocimiento al gobierno de Felipe Calderón por este primer intento de dar cumplimiento a las sentencias de la Coidh y a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también sugirió modificar el Código de Justicia Militar para que en ningún caso la justicia militar juzgue hechos en los que las víctimas sean civiles.
    La oficina de la ONU recomendó que en la discusión de la iniciativa que se dará en el Congreso de la Unión, se “avance decididamente a establecer y garantizar que todas las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas en los tribunales civiles”.
    Por su parte, Amnistía Internacional (AI) pidió a los integrantes del Congreso de la Unión a que impulsen una reforma al Código de Justicia Militar acorde con la sentencia de la Coidh, con lo que garantizaría “que no exista más impunidad en casos graves de violaciones a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
    Dejar en manos del Ministerio Público Militar la decisión de remitir al fuero civil los casos que considere que cuentan con los elementos para ello, apuntó AI, es un “mecanismo que puede actuar como un candado que permita bloquear a la justicia civil, incluso en los delitos excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa”.
    Organizaciones civiles consideraron en un comunicado que la iniciativa de Felipe Calderón “mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civiles”.
    Resaltaron que mientras la investigación de los delitos siga estando en manos de los militares y que sean ellos los que determinen si se envían al fuero civil, se generará “más incertidumbre que certezas”, además de que se lesionarán “de manera grave los derechos de las víctimas”.
    Tras revisar el contenido de la propuesta presidencial enviada al Senado, los organismos aseguraron que no cumple con los requisitos necesarios para “armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”.
    Las organizaciones consideraron “absurdo” que con esa reforma se pretenda dar cumplimiento a los tratados internacionales; y menos aún a las sentencias Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo e Inés Fernández.
    La iniciativa, agregaron las organizaciones, “maquilla las diferentes disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega, porque hasta la fecha se mantiene en la actuación del Ejército la tendencia a la comisión de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos”.
El documento es firmado por 70 organizaciones integradas en la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos (RTDT), así como los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Montaña Tlachinollan (CDHMT); Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV); de las Mujeres de Chihuahua (CDHM); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); de Justicia para la Paz  y Desarrollo de Jalisco; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción para los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación Diego Lucero, de Michoacán; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; e Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos de Yucatán.
    Por último, la tarde de este martes, la indígena Inés Fernández Ortega, se presentó en la Cámara de Diputados para exigir justicia.
    Acompañada por sus abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y de miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), Inés Fernández señaló que así como hace ocho años recorrió la sierra en busca de justicia, ahora vuelve a hacerlo para exigir le cumplimiento de la sentencia dictada por la CoIDH.
    “Yo sólo quiero que encuentren a los que abusaron de mí, que se haga justicia, y que se haga un evento muy grande en el que el gobierno reconozca que nunca mentí”, dijo Inés, traducida por Obtilia Eugenio Manuel dirigente de la OPIM.
    Inés pidió el retiro de tropas de la Montaña, para que “no sigan violando a mujeres como me pasó a mí”.