MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- “México se ha puesto el día en los estándares internacionales”, dijo hoy el vocero del gobierno federal en el combate al crimen organizado, Alejandro Poiré, al defender las reformas al fuero militar enviadas por el presidente Felipe Calderón al Senado.
    Poiré dio una conferencia de prensa luego de que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó dicha iniciativa como insuficiente para atender los reclamos, denuncias y observaciones de los ciudadanos hechas a lo largo de casi cuatro años en la “guerra” contra la delincuencia organizada.
    El lunes pasado, Calderón anunció ante los coordinadores parlamentarios del Senado –con excepción de los de izquierda-- que en breve enviaría una reforma al fuero militar para que soldados, marinos y pilotos de la Fuerza Aérea puedan ser procesados por tribunales civiles en caso de violación, desaparición forzada y tortura.
    Este martes, la ONU respondió --en un comunicado-- que si bien la iniciativa presidencial abre una ruta para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos del propio organismo, el catálogo de exclusiones –sólo tres delitos-- fue muy limitado.
    En la rueda de prensa, los reporteros preguntaron a Poiré por qué no se amplió la gama de delitos por los cuales los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser procesados por jueces civiles, como lo sería, por ejemplo, el homicidio.
    El sistema castrense, respondió, “ya cuenta con los mecanismos para encausar estas situaciones pero, sobre todo, en la iniciativa presidencial se trató de preservar ante todo la disciplina militar”.
    En contraste, la ONU pidió al Congreso de la Unión garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
    Por su parte, Poiré hizo un respetuoso llamado para que se haga un “profundo análisis” sobre la propuesta calderonista, que no busca menoscabar ni eliminar la justicia militar, sino “simplemente modernizarla”.