PRD recurrirá a la CIDH para tirar "Ley Peña"

lunes, 29 de noviembre de 2010

MÉXICO, D.F., 29 de noviembre (apro).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, advirtió que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer una queja contra la decisión de la Corte de avalar las reformas a la legislación electoral mexiquense, que prohíben las candidaturas comunes.

En una declaración grabada y difundida por la dirigencia del PRD, Ortega reprobó la llamada “Ley Peña”, en virtud de que, agregó, es una regresión a los derechos y conquistas de los mexicanos en materia electoral.         

Asimismo, afirmó que “en el marco del ejercicio de nuestros derechos constitucionales”, el partido que encabeza realizará acciones para informar a los mexiquenses sobre la decisión incorrecta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El líder nacional del PRD consideró que el fallo es “apresurado e incorrecto, porque no tomó en cuenta que cualquier reforma a la Constitución y a las leyes del país, según los tratados internacionales, debe procurar ampliar los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.

De acuerdo con Ortega Martínez, las candidaturas comunes “deben ser una opción para los ciudadanos y mantenerse como posibilidad en el ejercicio de sus derechos políticos”. Y agregó: “Restringir y anular estas candidaturas limita derechos de los votantes de esa entidad federativa”.

La SCJN, apuntó, no tomó en cuenta que acortar el tiempo de las campañas –como se contempla en la resolución– estrecha la posibilidad de que los electores del Estado de México puedan conocer con amplitud las propuestas de quienes serán los candidatos a gobernador o a algún otro cargo de elección.

Es más, “con el tiempo aprobado los candidatos no tendrán ni siquiera tiempo para recorrer todos los municipios de la entidad, y eso favorece a quien --por medios ilícitos o con el uso de recursos económicos ilícitos-- tiene un control sobre los medios de comunicación de la entidad, como es el caso del gobernador priista (Enrique Peña Nieto)”, porque el PRI, insistió, siempre ha usado recursos del erario público y programas sociales para beneficiar a su partido.

La decisión de la Corte, apuntó, limita y constriñe a la democracia y “en el fondo” favorece “las pretensiones regresivas y autoritarias de Peña Nieto”.

No obstante, afirmó, ellos buscarán una alternancia en el gobierno mexiquense y hacer a un lado al grupo caciquil entronizado en la entidad.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez, confirmó que a nivel local también recurrirán ante a la CIDH, pues la llamada “Ley Peña” es regresiva para los ciudadanos mexiquenses, que anteriormente tenían el derecho de participar en candidatura común.

Según Sánchez Jiménez, el fallo “es un regalo matrimonial a Peña Nieto por parte de los magistrados”, luego de lo cual urgió a acelerar las pláticas con las fuerzas de oposición para enfrentar al gobernador priista “y todas las formas de hacer fraude que le aprobó la SCJN” para el proceso electoral de 2011. 

El perredista también destacó las irregularidades cometidas por el gobierno mexiquense para aprobar dicha ley en todo el estado, entre las que destacó Amecameca, Ayapango, Huehuetoca, Tenango del Aire y Tlalmanalco, donde “la sesión de cabildo se llevó a cabo antes de que se hubieran notificado las minutas de reforma a la Constitución”, dijo.

En Atlautla, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal y Morelos, agregó, la minuta de reforma constitucional fue notificada antes de que culminara la sesión de la Legislatura del 14 de septiembre, en tanto que en Coatepec de Harinas, Chapa de Mota, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Jilotepec y Joquicingo, entre otros, no existe constancia de la fecha y hora de recibido, ni quien la recibió, por lo que existe una duda razonable que la aprobación de las minutas se haya hecho sin conocimiento de los cabildos.

“En seis municipios la celebración del cabildo fue antes de las nueve de la mañana del día 15 de septiembre, lo que acredita una duda razonable sobre el momento y  forma de notificación de la minuta a los integrantes del cabildo; en cuatro municipios transcurrieron menos de 30 minutos entre la notificación de las minutas por parte de la Legislatura y la celebración del cabildo, lo que nuevamente genera una duda razonable en si hubo o no convocatoria a cabildo, y en 13 municipios sólo transcurrieron cuatro horas entre la notificación  de la minuta por parte de la Legislatura y la celebración del cabildo, lo que actualiza la duda fundada sobre la convocatoria, análisis y discusión de las minutas en los cabildos respectivos”, concluyó.