MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (apro).- Organizaciones sociales denunciaron el desinterés del gobierno de Felipe Calderón por cumplir con los compromisos internacionales de México al no asignar presupuesto para el cumplimiento de las cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
    Por tal motivo, exhortaron a legisladores a “corregir la plana a Calderón” para que el gobierno cuente con una partida especial para el pago de las indemnizaciones dictaminadas por la Coidh en los casos relacionados con feminicidios en Ciudad Juárez (Campo Algodonero), la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y los de las violaciones sexuales de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández. En los tres últimos casos los abusos son atribuidos a miembros del Ejército mexicano.
    Guadalupe Barrena, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y consultora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), resaltó que “no está a  discusión la obligación del Estado mexicano en dar cumplimiento a las sentencias de la Corte, de no hacerlo estaría violentando sus compromisos internacionales y en este caso del sistema interamericano”.
    Recordó que las sentencias emitidas por la Coidh prevén varios rubros, desde la modificación legislativa hasta medidas de prevención en los ámbitos del sistema de procuración y administración de justicia, “que tendrían que haber sido considerados por la Secretaría de Hacienda en la asignación de recursos, pero ni siquiera se contempló el pago de las indemnizaciones a las víctimas y sus familiares por reparaciones de daño asignadas por el tribunal interamericano”.
    Miguel Pulido, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, añadió que a pesar de que el artículo 113 de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales establecen la obligación del gobierno a cumplir las sentencias internacionales, así como asignar recursos para el pago de indemnizaciones, y la existencia de la partida 3905, creada para ese fin, “el gobierno de Felipe Calderón no hizo la asignación presupuestaria, a pesar de que no están a discusión las condenas”.
    Pulido señaló que a la partida está dentro de las asignaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia encargada del pago del cumplimiento de las sentencias.
    “La Segob tiene asignado un presupuesto de 114 millones de pesos para gastos de publicidad, en tanto que a la partida 3905 tiene cero asignaciones, por lo que consideramos que de la partida para publicidad, podrían destinarse 24 millones 770 mil pesos que suman las indemnizaciones dictadas por la Corte”, señaló el activista.
    Daphne Cuevas Ortiz, directora del consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, agregó que es preocupante la actitud del gobierno de Calderón, toda vez que “demuestra una contradicción entre su discurso reiterativo de estar dispuesto a acatar las sentencias de la Corte, cuando en los hechos ni siquiera se piensa en la reparación de los daños”.
    Para colmo, apuntó, la distribución de recursos para atención a las mujeres sin considerar el programa de Oportunidades, equivale al .66% del presupuesto total.
    Cuevas insistió en convocar a los legisladores federales a trabajar en la reasignación de recursos públicos para “reparar la omisión del gobierno federal”.