Preocupa a HWR iniciativa de Calderón sobre fuero militar; no frena impunidad, dice

martes, 9 de noviembre de 2010

MÉXICO, D.F., 9 de noviembre (apro).- El director ejecutivo de Human Rights Watch (HWR), José Manuel Vivanco, aseguró que la iniciativa para modificar el Código de Justicia Militar, enviada por Felipe Calderón al Senado de la República, “no servirá para poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos cometidos por militares”.
En una carta dirigida a Manlio Fabio Beltrones y a Jorge Carlos Ramírez Marín, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, Vivanco expresa su “profunda preocupación” por el contenido de la reforma enviada por Calderón al Senado.
    El director ejecutivo de HWR exhorta a los presidentes de ambas instancias realizar modificaciones a la iniciativa presidencial, apegadas a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y las violaciones sexuales de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, hechos atribuidos a miembros del Ejército. Los cambios, agrega, cumplirían con los patrones de derecho internacional.
    Entre las recomendaciones que hace Vivanco al Congreso está la de “reconocer a los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal las facultades necesarias para determinar si un delito presuntamente cometido por militares constituye una violación de derechos humanos o una falta a la disciplina militar, y para establecer, en consecuencia, cuál es el sistema de justicia adecuado para investigarlo”.
La propuesta de Calderón señala tres delitos –desaparición forzada, violación sexual y tortura— como aquellos en los que el fuero militar no podría actuar y tendrían que ser tomados por el Ministerio Público del fuero civil, aunque da facultades al Ministerio Público militar para llevar primero las investigaciones y después decidir enviar o no la indagatoria a la jurisdicción ordinaria.
En la misiva fechada este martes 9, Vivanco retoma las investigaciones realizadas por HRW –difundidas en el informe sobre la militarización en México, “Impunidad Uniformada”, publicado en 2009, en el que se documentan casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles y en los que no hubo castigo para los responsables– para evidenciar que la reforma de Calderón no cambiaría la situación actual en el Ejército.
    “Human Rights Watch ha demostrado en reiteradas oportunidades que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo en aquellos casos en que se acusa a militares de violar los derechos de civiles y que este sistema perpetúa la impunidad de los militares responsables de abusos”, señala la carta.
    Tras analizar la reforma de Calderón, la organización internacional resalta que la mayoría de los abusos militares denunciados por civiles y documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y tratos crueles y degradantes, por lo que la propuesta presidencial “no responde adecuadamente a este problema”.
    Menos aún, apunta Vivanco en su carta, cuando el sistema de  justicia militar en México “carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer un recurso efectivo a las víctimas de abusos, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos”.
    Prueba de lo anterior, añade, es que la gran parte de las indagatorias abiertas por abusos militares “han sido cerradas o avanzan de forma tal que posiblemente terminen con la impunidad de los acusados”, además de  que “los agentes del Ministerio Público militar y los procuradores militares no entrevistan a testigos independientes, desestiman pruebas creíbles de abusos, obstruyen las investigaciones de la CNDH y otros organismos, y a veces incluso alteran la evidencia encontrada en el lugar de los hechos”.
    Human Rights Watch, dice Vivanco a Beltrones y a Ramírez Marín, hizo un análisis de las 65 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitidas por la CNDH, así como la información publicada por la Sedena sobre los avances de 62 de esas recomendaciones.
“Un análisis de esta información reveló que en sólo tres de los 62 casos (apenas 5%), el delito que está siendo investigado o que ha sido imputado encuadraría en las categorías que el proyecto de ley excluye de la jurisdicción militar: dos casos de tortura y un caso de violación sexual. Los 59 casos restantes, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, agresión sexual y tratos crueles y degradantes, continuarían siendo investigados por agentes del Ministerio Público militar”, resalta la carta.
El director ejecutivo de HRW repara en que la propuesta calderonista deja en estado de indefensión a las víctimas por la discrecionalidad que se deja en el Ministerio Público militar para determinar qué delitos son desaparición forzada, violación y tortura, ya que por lo general la clasificación de los delitos son menores a la realidad.
“En los 62 casos examinados por Human Rights Watch se compararon los abusos documentados por la CNDH con los delitos investigados e imputados por la Sedena. En más de la mitad de los casos —34 de los 62— se comprobó que los hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes documentados por la CNDH fueron clasificados por la Sedena como delitos de menor gravedad, tales como ‘lesiones’ o ‘abuso de autoridad’”, mientras que en al menos un caso de desaparición forzada comprobada por la CNDH, la Secretaría de la defensa Nacional lo clasificó como “abuso de autoridad”.
Además, en la reforma de Calderón el delito de desaparición forzada cometido por militares tiene un plazo de prescripción de 35 años, lo que contraviene las convenciones Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Interamericana contra la Desaparición Forzada, que consideran ese delito como imprescriptible.
En la carta, en la que pide a los presidentes del Senado y de la Cámara hacerla extensiva a los demás legisladores, Vivanco insiste en pedir al “Congreso que modifique la reforma propuesta (por Calderón)  para garantizar que todos los abusos militares contra civiles sean investigados y juzgados en el sistema de justicia penal ordinario”.
 Puntualiza que el  Congreso mexicano debería impulsar reformas al Código de Justicia Militar que se adecuen a los “cambios exigidos por la Corte Interamericana en sus sentencias recientes contra México y permitiría a México cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales que exigen brindar recursos efectivos —como la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas— a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“También ayudará a interrumpir el círculo de impunidad que favorece a los soldados que cometen abusos, y brindará un fuerte incentivo para impedir que estos se repitan”, apunta.

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