MEXICO, DF, 10 de diciembre (apro).- A casi cuatro años de que el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico, organizaciones sociales del norte del país documentaron la desaparición forzada de 500 personas. 
Las ONG, agrupadas en la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas, emprendieron este viernes, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, una campaña para ‘visibilizar’ este grave problema.
Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, sostuvo que la cifra obtenida por la Red proviene de los mismos familiares de los desparecidos, toda vez que las autoridades se niegan a aceptar la dimensión del problema, “negando así la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa el país.
“Por supuesto que existe un subregistro de personas desaparecidas, casos que no son dados a conocer por sus familiares, debido a que si recurren a las autoridades éstas no integran ninguna averiguación previa, simplemente consignan el asunto en una acta circunstanciada o lo reportan como persona extraviada”, señala Blanca Martínez.
Denuncia que a la indolencia de las autoridades se suma el “estigma de las mismas, que lo primero que les dicen es que si se llevaron a su familiar es por algo, porque andaba en malos pasos, pero hasta ahora no hay ningún caso en que se haya demostrado que los desaparecidos tenían vínculos con alguna actividad delincuencial”.
De los 500 casos que ha documentado la red, 230 corresponden a Baja California y 104 a Coahuila, y el resto a Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas.
Blanca Martínez destacó que, de la información que ha recabado la Red, el punto en común es que las autoridades “tratan de criminalizar a estas víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico porque necesitan justificar el nivel de ingobernabilidad que hay en el país”.
En la mayoría de las entidades, abundó, “a la gente parece que se los tragó la tierra, aunque hay casos en que hemos localizado testigos que describen que las víctimas fueron detenidas por gente fuertemente armada, sin características de pertenece a alguna corporación policiaca”.
Sin embargo, reconoció que Chihuahua y Baja California, destacadamente Tijuana, son entidades en donde se ha identificado a militares, a policías municipales y estatales como presuntos responsables de las desapariciones forzadas.
“En cualquier caso, ya sean agentes del Estado o miembros de los poderes fácticos en las entidades, lo que estamos convencidos es que las desapariciones forzadas son responsabilidad del Estado, no sólo por permitir que ocurran, sino porque sigue facilitando que ocurran impulsando una guerra contra el crimen organizado que más parece una guerra contra la ciudadanía”, acusó.
En la Red participan, además del Centro Diocesano Fray Juan de Larios, las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila; Justicia para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y los centros de derechos humanos De las Mujeres, Paso del Norte, Victoria Diez y Juan Gerardi.
Las ONG realizarán actividades, a partir de este viernes y hasta el 23 de diciembre, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Distrito Federal.

mav