Los frecuentes operativos militares en San Luis Potosí, la incautación de drogas y la detención de cabecillas locales de Los Zetas, por el momento ponen al estado en el centro de la lucha contra el narcotráfico y pueden marcar el fin del reinado de Heriberto Lazcano, El Lazca, en esta plaza...

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Controlada hasta sus entrañas por Los Zetas, hoy esta plaza permanece disponible al mejor postor de los grupos del narcotráfico y todo indica que éste ya no es Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien se perfila como el siguiente objetivo prioritario del gobierno federal en su cacería de los rivales de Joaquín El Chapo Guzmán.

En las últimas semanas los bloqueos de vialidades, las ejecuciones masivas, balaceras y persecuciones han mantenido a los habitantes de municipios de la Huasteca y de esta capital en una angustiante alerta, mientras el Ejército despliega una frenética actividad.

Información obtenida por Proceso da cuenta de cómo en los últimos meses, ante una total omisión, o sumisión, tanto del gobierno del panista Marcelo de los Santos como de su sucesor, el priista Fernando Toranzo, los emisarios de El Lazca han buscado calentar la plaza para evitar el arribo de su rival: el cártel de Sinaloa, que desde Guadalajara pretende dominar el espectro delictivo en esta entidad.

Los movimientos del Ejército, a partir de la XII Zona Militar o con destacamentos enviados directamente desde la Ciudad de México –como ocurrió con el operativo efectuado el viernes 3 en pleno bulevard Venustiano Carranza–, son congruentes con esta posibilidad, pues sobre todo en las últimas semanas se han encaminado a desmantelar células de zetas y llegaron hasta personajes cercanos a los líderes del grupo. 

En los mismos operativos se ha detenido a numerosos narcomenudistas en carreteras y ciudades, lo que es inusual en esta entidad donde “nunca pasa nada y nunca se dice nada”, según afirman los propios potosinos.

En recientes operativos desplegados en la capital del estado, los militares detuvieron a dos operadores regionales de El Lazca y de Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, este último uno de los fundadores del grupo como brazo armado del cártel del Golfo y quien se desenvuelve sin problemas en los círculos sociales y empresariales de la entidad. 

Además, en el grupo de detenidos apareció también un expolicía estatal y federal con un historial de represor durante los anteriores gobiernos priistas: Julio Alfredo Ceballos, tío del actual secretario de Seguridad, Enrique Galindo Ceballos.

El impresionante currículum de Julio Ceballos incluye las detenciones de los “narcosatánicos” en Tamaulipas, en 1989; del asesino serial Bricio Vázquez, El Tigre de Chiapas, en 1998; del multihomicida, asaltante y narco Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y hasta del multihomicida y narcotraficante del cártel de Sinaloa Juan José Quintero Payán, El Juanjo, en 2002. Pero en San Luis es ingratamente recordado porque como policía estatal encabezó una golpiza a ciudadanos del movimiento cívico que hace 25 años denunciaban un fraude electoral cometido por el PRI en la alcaldía de la capital. 

En sus comunicados, la Sedena no mencionó al tío del secretario de Seguridad (a quien el gobernador ha respaldado asegurando que nadie escoge a su familia), pero sí ventiló supuestas declaraciones de los detenidos que señalan como encargado de la plaza a Jesús Campos Mar, El Cachorro.

Éste es otro expolicía que formó parte de un grupo de élite formado hace años en Nuevo León, y se supone que fue enviado expresamente por El Lazca a principios del año pasado para impedir que su territorio fuera invadido por los de Sinaloa. Un expolicía especial más, apodado El Chunco, pudo ser asignado por El Lazca a esta zona con el mismo propósito.

Apenas se oyó la voz del gobernador Fernando Toranzo Fernández cuando pidió “más presencia del Ejército y la Policía Federal” a principios de septiembre, cuando fue acribillado por zetas el alcalde priista de El Naranjo, Alexander López García. Pero ningún integrante del gabinete de seguridad del estado asoma la cabeza.

Control armado

Comercios, bares, empresas, centros nocturnos, penales y municipios son víctimas del lucrativo negocio de la extorsión. Actualmente Los Zetas cobran entre 2 mil y 50 mil pesos mensuales por “derecho de piso”, según se trate de un bar pequeño o un table-dance de prestigio.

El negocio es tan suculento que el grupo impone una férrea disciplina: periódicamente El Lazca envía contadores a distintos puntos de control para “auditar” las plazas. Una revisión puede llevar hasta un par de meses.

De acuerdo con un testimonio obtenido por Proceso, El Cachorro es sutil en estos asuntos: se presenta con los empresarios, comerciantes o dueños de antros y les informa “en qué consiste el trato”: se paga o se paga. Se mueve con discreción, sin los convoyes que utilizan otros jefes.

A mediados de 2009 aparecieron en estos rumbos dos personajes a los que se daba por muertos: Tiburón, supuestamente acribillado en Durango y ahora apodado El Cubanito, e Israel Nava Cortez, El Ostión, quien según la PGR murió en un enfrentamiento con agentes a principios de abril en Fresnillo, pero que en realidad vive, es conocido ahora como El 50 y en mayo de ese año fue un operador de la fuga de 53 internos del Cereso de Cieneguillas, en Zacatecas (Proceso 1764), quienes fueron trasladados a San Luis Potosí y luego comisionados a la defensa de distintas plazas, entre ellas Guanajuato.

En este marco, los operativos del Ejército en San Luis se están acercando a operadores y jefes de Los Zetas, a la vez que “peinan” entre narcomenudistas y distribuidores para buscar formas de llegar al capo. Así ocurrió en las primeras horas del viernes 3, cuando un grupo de militares irrumpió en las suites Tame (1680 del bulevar Carranza, la avenida principal de la capital), cercó la zona y extendió la operación a otras colonias.

Los medios de comunicación locales describieron el miedo que padecieron sobre todo los empleados de los numerosos comercios de la zona y los escolares. En las redes virtuales se compartió la sicosis, mientras en su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad Estatal pedía a la población que “continuara con sus actividades normales”.

El operativo comenzó alrededor de las 5:00 horas y concluyó después de las 10:00. Algunos medios alcanzaron a informar sobre el lugar preciso del cateo y los vehículos ahí asegurados, entre los cuales hay camionetas de lujo que presuntamente se sustrajeron de un lote de autos semanas atrás. 

 Tras el silencio inicial, el Ejército informó el sábado 4: “La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 12/a Zona Militar, informa que en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siendo las 05:30 horas del actual, personal militar llevó a cabo intervenciones en la colonia Tequisquiapan, municipio de San Luis Potosí, SLP, deteniendo a siete individuos, a quienes se les aseguró lo siguiente:

“Droga: tres kilos de polvo blanco (con características de cocaína); armamento: tres armas cortas de diversos calibres; vehículos: ocho automotores de diferentes características; inmuebles: ocho inmuebles; numerario: $2,000,000.00 M.N., $100,000.00 U.S.D.; objetos y equipo diverso: equipo de comunicación, cómputo y documentación diversa.”

Este comunicado fue entregado personalmente a los reporteros de la fuente, a quienes se les pidió que fueran al cuartel y se identificaran. 

El domingo 5, la Zona Militar emitió el segundo comunicado sobre el mismo operativo, aunque éste fue electrónico e indica que se llevó a cabo el viernes 3, como efectivamente ocurrió y así lo consignan varios medios de comunicación locales, y no el día 4, como se dijo en el comunicado anterior.

Ahí ya se precisa que se aseguraron 2 millones 287 mil 450 pesos y 115 mil 239 dólares estadunidenses a los detenidos, y que con la cocaína incautada (tres kilos) se hubieran obtenido aproximadamente 9 mil dosis, “que se comercializan al menudeo a un precio de 171 pesos por dosis, lo que hace un total de 1’539,000.00 (M.N.)”.

Y el martes 8, rompiendo su usual hermetismo, la XII Zona Militar divulgó un tercer comunicado, en el que nuevamente sostiene que el operativo en cuestión se realizó el sábado 4, y asegura que los detenidos son “ocho presuntos integrantes de una célula del grupo criminal Los Zetas, encargados de las actividades delictivas de dicho grupo en la entidad”.

Según el documento, los detenidos dijeron que el responsable “de las actividades de narcotráfico y secuestro en esta ciudad de San Luis Potosí” es Jesús Campos Mar, El Cachorro.

No menciona los nombres de los presuntos zetas, el comunicado cita a Felipe Ramos Cárdenas, El Tuzo, a quien se señala como “encargado de las actividades administrativas y la contabilidad del citado grupo criminal”, y a Javier Robledo Hernández, El Compu, del cual “se tiene conocimiento que es asistente de Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito, lugarteniente relevante de la citada organización delictiva”.

Desertor del Ejército en 1999, seis años después de enrolarse, el veracruzano Rejón Aguilar forma parte del círculo fundador de Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo y dirigió al grupo a principios de la década, pues en noviembre de 2002 el líder Arturo Guzmán (Z-1) fue acribillado. Posteriormente El Lazca, pupilo de Guzmán, quedó al mando (Proceso 1750) y El Mamito se encargó del adiestramiento paramilitar de los sicarios.

En 2007, Rejón Aguilar era ubicado como cabeza de la plaza de Nuevo Laredo, estratégica para Los Zetas, según el testimonio que un desertor de esta organización dio al reportero Ricardo Ravelo (Proceso 1619). Se le ubica como responsable del envío de mariguana y cocaína a Estados Unidos, por lo que figura en la lista de los narcotraficantes más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde julio de 2009, el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por su captura o información sobre su paradero (Proceso 1771) y, en marzo de este año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en una lista de 54 jefes y operadores del cártel del Golfo y Los Zetas a quienes se prohíbe efectuar operaciones financieras o comerciales en ese país, por lo que sus activos fueron congelados.

En el tercer y último de sus comunicados, la XII Zona Militar informa del aseguramiento de 84 mil 220 kilos de cocaína encontrados en un tráiler, que no fue incluido en los dos comunicados anteriores. La explicación es que, si bien los soldados sabían que la droga venía en el contenedor, tardaron en localizar el escondite. “Costó trabajo dar con ella”, comentó un militar a la reportera. Esa cocaína habría bastado para elaborar 252 mil 660 dosis, con un valor aproximado de 43.2 millones de pesos.

Fue en otro comunicado, fechado el miércoles 8 y emitido por la PGR, donde se informó que un juez federal ordenó el arraigo por 40 días de los siete detenidos, a petición del fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahí sí aparecieron todos los nombres: 

Javier Robledo Hernández, El Compu; el expolicía Julio Alfredo Ceballos Alonso; Israel Santana Galván, El Coto; Luis Manuel Ramos Cárdenas, El Luisito; Felipe Ramos Cárdenas, Conta o El Tuzo; Esteban Cortés Mascorro y Adán Vázquez Martínez, El Botija, todos acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, “y lo que resulte”.

Aunque el Ejército sigue realizando operativos, la violencia no tiene freno: el viernes 17, a las 9:45 de la mañana, en Ciudad del Maíz –municipio de la Huasteca colindante con Ciudad Valles–, seis sicarios se tomaron su tiempo para recorrer en dos camionetas varios negocios de las calles principales: una carnicería, una refaccionaria, una tienda de materiales y hasta las instalaciones de la Cruz Roja, disparando con armas largas y arrojando granadas. Murieron siete personas: seis civiles y el comandante de Tránsito, Carlos Aguilar Méndez. Por lo menos cinco más quedaron heridas. l