El extraño caso de la mujer del Chapo

domingo, 16 de mayo de 2010 · 01:00

A mediados de la semana pasada, más de 200 efectivos federales –entre policías, marinos y miembros del Ejército– realizaron una bien calculada operación en Culiacán: capturaron a Griselda López, quien fuera cónyuge del líder del cártel de Sinaloa. Se le buscaba por lavado de dinero. El operativo se cumplió paso a paso, sin sobresaltos ni incidentes, y la mujer fue entregada a la PGR en la Ciudad de México. Sin embargo, un día después quedó libre…

MÉXICO, D.F.,  16 de mayo (Proceso).- El trabajo había sido exitoso, “limpio”, sin contratiempos. En menos de cinco horas estaba cumplido el objetivo: la detención de Griselda López Pérez en una zona residencial de Culiacán y su traslado a la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, bajo el cargo de lavado de dinero para el cártel que codirige su exesposo, El Chapo Guzmán.

En el operativo de arresto participaron 200 efectivos de unidades especiales de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, coordinados y enviados desde la Ciudad de México. Todo un aparato táctico y logístico, un aparatoso despliegue de fuerza que, al final, sirvió de nada: de manera insólita, la PGR dio marcha atrás y dejó en libertad a la excónyuge de Joaquín El Chapo Guzmán, que la mañana del miércoles 12 había sido detenida en la capital del estado de Sinaloa.

Pasado el mediodía, ya en el Distrito Federal, una veintena de efectivos con armas largas irrumpió en la unidad de lavado de dinero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y entregó a Griselda López al Ministerio Público federal. La mujer iba esposada, con la cabeza cubierta, dijeron a Proceso testigos de primera mano que pidieron el anonimato.

En esos momentos el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estaba en Culiacán para “evaluar las estrategias de seguridad” del gobierno federal en el estado.

La detención de Griselda López no trascendió hasta el mediodía del jueves 13, cuando versiones de prensa reportaban el hecho como un rumor. Pero a esa hora, la exesposa del Chapo ya estaba libre, de regreso a su pueblo, Jesús María, a media hora de Culiacán.

No fue sino hasta la noche de ese día cuando la PGR confirmó su detención y posterior liberación bajo “las reservas de ley”, no obstante que era la principal destinataria del operativo en el que se aseguraron seis casas, siete automóviles de lujo, cinco cajas fuertes con joyas y otros bienes relacionados con El Chapo. Era la primera acción en Culiacán contra propiedades vinculadas con el narcotraficante.

El operativo había sido planeado especialmente para detener y mantener a su exesposa bajo arraigo por presuntas operaciones financieras relevantes, cuyos montos habrían superado los ingresos que reportó a la Secretaría de Hacienda.

El objetivo no era El Chapo, sino ella. Su detención se logró de forma exitosa. Sin un solo disparo y en sigilo. Al margen quedaron los efectivos militares y navales que participan en la Operación Conjunta Culiacán-Navolato-Guamúchil-Mazatlán, incluido el general de brigada Noé Sandoval Alcázar, comandante de la Novena Zona Militar con sede en la capital sinaloense.

La noche del martes 11, 200 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal se movilizaron desde la Ciudad de México al servicio del Ministerio Público federal adscrito a la unidad de lavado de dinero.

Se dirigieron a Culiacán con una orden del Juez Cuarto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones, incluida en el expediente 232/2010, para catear siete domicilios de cuatro colonias de Culiacán relacionados con El Chapo. Los allanamientos comenzaron a las 6:30 horas del miércoles. Se prolongaron poco más de tres horas. Hacia las 10 de la mañana, un convoy de 27 vehículos del Ejército pasó por la Carretera Internacional hacia el norte del estado.

En uno de los cateos, los militares cerraron la circulación del bulevar El Dorado, en el fraccionamiento Las Quintas. La movilización atemorizó a los padres de familia que a esa hora llevaban a sus hijos a las escuelas Senda y Nueva Generación, ubicadas en la misma vialidad. El miedo a un enfrentamiento los obligó a regresar a sus casas.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1750 de la revista Proceso, ya en circulación.

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