Exige EU a Calderón transparencia en el sistema de justicia militar

martes, 18 de mayo de 2010

WASHINGTON, 18 de mayo (apro).- En el preámbulo de la visita de Estado del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama calificó de insuficiente la transparencia en el sistema judicial del Ejercito Mexicano, al momento de abordar las investigaciones y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

“Creemos que se necesitan avances en la transparencia del sistema judicial militar, para que el público con mayor claridad sea testigo de que aplique la justicia”, declaró David Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y la Aplicación de la Ley.

En una audiencia ante el Subcomité de Asuntos de Derechos Humanos del Comité Judicial de la Cámara de Senadores, Johnson insistió que es en “el tema de la transparencia” donde el gobierno de Obama espera avances en el caso de México y la participación del Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

La sesión legislativa presidida por el senador demócrata por el estado de Illinois, Richard Durbin, ocupó un lugar predominante el tema de la denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Las violaciones a los derechos humanos socavan los esfuerzos para combatir al tráfico de drogas y al crimen organizado”, agregó el senador Durbin.

En la audiencia enfocada a hablar sobre el estado de derecho en México y en Colombia, la participación del Ejercito Mexicano en la guerra contra los cárteles de la droga se cuestionó en términos de su efectividad, más allá del éxito y los avances que le atañe el gobierno de Calderón.

“El Ejército Mexicano en muchas ocasiones actúa, opera virtualmente con impunidad”, destacó el senador Durbin, quien explicó que aunque es entendible el despliegue de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, porque ha aumentado el número de criminales y hay muy poca policía para confrontarlos, la estrategia militarizada del presidente Calderón no ha sido la adecuada.

“A más de un año del despliegue militar, creció y empeoró el saldo de muertos relacionado a la violencia provocada por el narcotráfico… Como lo he señalado en otras audiencias, la ocupación militar no es una solución de largo plazo”, agregó Durbin.

En contraste con las conclusiones del senador demócrata por el estado de Illinois, el subscretario Jonson, consideró que la estrategia militarizada de Calderón ha tenido un impacto positivo en la lucha contra el narcotráfico, aunque exigió al Ejército Mexicano mayor transparencia en materia de derechos humanos.

“Creemos que han comenzado a tener impacto”, dijo Johnson, quien, además de hacer la critica a la transparencia del sistema de justicia militar mexicano, consideró que a México le hace falta la reforma judicial para ser más efectivo en el desmantelamiento de los cárteles de la drogas y las organizaciones del crimen organizado.

“No hay duda de que México confronta este sobresaliente reto y amenaza de seguridad nacional que requiere de la reforma de su sistema judicial. Tiene que cambiar; en este momento su sistema inquisitorial es muy anticuado”, declaró, por su parte, Lanny Breuer, subprocurador de Justicia de la División Criminal.

En la audiencia, varios grupos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, denunciaron que el tema de la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano es un problema recurrente que necesita ser analizado por el Congreso federal estadunidense y ser considerado para la viabilidad de continuar apoyando a Calderón y su estrategia militarizada contra el narcotráfico.

El presidente Obama está comprometido a continuar apoyando a México en la lucha contra el narcotráfico, por lo que solicitó al Congreso 310 millones de dólares para seguir financiando en el año fiscal 2011 la Iniciativa Mérida, que es la herramienta bilateral de combate a las drogas.

El 15% de los fondos que aporta Estados Unidos a la Iniciativa Mérida, están condicionados a que el Departamento de Estado, certifique que el Ejército Mexicano respete los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico.