SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de mayo (apro).- Después de ocho años de que fuera agredida sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, Valentina Rosendo Cantú presentó su testimonio ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) como parte de su larga lucha por la justicia.

En una sesión privada, Rosendo Cantú enfrentó a representantes del Estado mexicano, que una vez más es sometido a un juicio internacional por la extensión del fuero militar para investigar y juzgar casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, pues este caso está siendo analizado en el sistema de justicia militar.

El caso de Valentina fue presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 2 de agosto  de 2009 ante la falta de respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones formuladas por el organismo para reparar los daños y castigar a los culpables.

La sesión fue presidida por el juez Diego García Sayán, de Perú; como testigos y peritos de los demandantes y representantes de la víctima, la CIDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.

Acudieron también, el visitador general de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y Roxana Arroyo Vargas, de la Fundación Justicia y Género.

La indígena guerrerense, originaria de Acatepec, sostuvo que cuando era menor de edad, el 16 de febrero de 2002, fue violada por dos militares mientras que seis soldados más atestiguaban la escena. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la comunidad de Barranca Bejuco.

Valentina insistió que por haber sido ultrajada por militares, no sólo se le negó el acceso a los servicios de salud y se le denegó el derecho a la justicia, sino que esa situación la estigmatizó en su comunidad como “la mujer de los guachos (como se les conoce a los soldados en Guerrero)”.

Ante amenazas y el rechazo de su comunidad, Valentina tuvo que salir de Barranca Bejuco. Sin embargo, continúa la persecución gubernamental en su contra porque se mantiene en sus acusaciones y en su reclamo de justicia.

“Antes era una mujer feliz, tenía el apoyo de mi comunidad, el de mi esposo, pero ahora no tengo nada, y yo creo que tengo derecho a vivir tranquila con mi hija”, dijo Valentina a los jueces.

Al término de la primera parte de la audiencia Valentina Rosendo Cantú expresó su deseo por fin pueda vivir tranquila, sin que la vigile el Estado; además, consideró: “Después de tanto sufrimiento valió la pena haber venido, yo espero que los militares estén en la cárcel, que acepte el gobierno que fueron militares los que me violaron”.

La representación del gobierno de Felipe Calderón negó que miembros del Ejército Mexicano hayan agredido sexualmente a la indígena guerrerense.

La delegación mexicana, a cargo de Armando Vivanco Castellanos, director adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo entrega de una copia certificada del expediente abierto en la Procuraduría de Justicia Militar.

Vivanco Castellanos admitió responsabilidad del Estado mexicano en violaciones al derecho de Valentina a la asistencia médica oportuna, a no haberle considerado en las investigaciones que era menor de edad, así como la falta de diligencia y retraso en las investigaciones.

Sin embargo, negó que el Estado Mexicano sea responsable de la violación y tortura de la indígena mexicana, y consideró que no había pruebas que los demostraran, sólo las declaraciones de Valentina.

Como pruebas de la voluntad política del gobierno por los derechos humanos, el Estado mexicano dio una larga lista de reformas legislativas y programas de gobierno a favor de  las mujeres, de los indígenas y niños.

Al final de la audiencia el presidente de la Coidh, Diego García Sayán, preguntó a Vivanco sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia dictada a finales del año pasado por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos del Ejército Mexicano en 1974.

La sentencia obliga al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares juzguen casos de violaciones a derechos humanos cometidos por personal castrense contra civiles, lo que va en contra de la jurisdicción internacional.

Nervioso, Vivanco pidió al juez García Sayán que lo dispensara en ese momento pero que en los alegatos finales por escrito le respondería “ampliamente por esa situación”.

Desde el lugar de los representantes, el abogado Santiago Aguirre pidió la palabra para informar que “desde que se emitió la sentencia no hay ninguna iniciativa del Ejecutivo federal para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar; por el contrario, a pesar de la sentencia los casos de abusos siguen siendo investigados por la Procuraduría de Justicia Militar; y el incremento de violaciones continúa”.