Un rancho de 200 hectáreas perteneciente a la familia de Greg Martínez, ubicado en la frontera con Guatemala, es desde hace tiempo utilizado para el tráfico de drogas, armas e indocumentados por bandas que operan en ambos países. De acuerdo con algunos testimonios, ha servido también para la explotación de refugiados y para entablar vecindades y estrechas amistades con gente involucrada en actividades ilícitas…

COMITÁN, CHIS., 30 de mayo (Proceso).- - La propiedad abarca más de 200 hectáreas que colindan con Guatemala, se le conoce como rancho Puerto Rico y pertenece desde los años 70 a la familia de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PRD-PT-Convergencia que el pasado martes 25 fue detenido bajo las acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

        El rancho Puerto Rico, por donde según reportes oficiales grupos de la delincuencia organizada trafican drogas, indocumentados y armas en los dos sentidos de la frontera, está enclavado en plena zona selvática del municipio chiapaneco de Marqués de Comillas, dentro de un área considerada por el gobierno federal como de “seguridad nacional”.

        Debido a esto último, el Ejército Mexicano construyó allí una carretera conocida como “La Fronteriza”, que rodea la zona donde opera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y bordea la línea que separa a México de territorio guatemalteco.

        Mientras que funcionarios entrevistados por Proceso afirman que esta y otras propiedades fronterizas contiguas de diversos ganaderos, dadas sus dimensiones, no pueden abarcarse en las tareas de vigilancia, un reporte de la Secretaría de Gobernación indica que autoridades militares, migratorias y de la Policía Federal ubican esta franja territorial como una de las más “recurridas por los grupos de delincuencia organizada para introducir ilegales, drogas y armamento”.

          El documento de cinco hojas, al cual tuvo acceso este reportero, asegura que los dueños del rancho Puerto Rico y otros adyacentes han colaborado con las autoridades para denunciar las actividades de la delincuencia organizada en el área, pero debido a que los propietarios de los ranchos enfrentan la “imposibilidad de vigilar el perímetro de sus propiedades”, por la extensión de las mismas, “el fenómeno los desborda”.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1752 de la revista Proceso, ya en circulación.