MÉXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- El gobierno de México tiene preparada ya la estrategia para proteger a los mexicanos residentes en Arizona de los efectos nocivos de la ley antiinmigrante aprobada por la gobernador Jan Brewer el pasado 23 de abril, informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, reiteró que el gobierno de Barack Obama “revisa las vías legales para revertir” la controvertida ley que ha concitado el rechazo generalizado de la comunidad internacional.
    A través de un comunicado, la cancillería dio a conocer que junto con los cinco cónsules de México en Arizona, el embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, se reunió con abogados y organizaciones que están en contra de la ley SB1070 para coordinar las acciones.
    En la reunión participaron los cónsules de Douglas, Nogales, Phoenix, Tucson y Yuma.
    En su comunicado, la Secretaría subrayó que intensificará las labores de apoyo hacia los connacionales residentes en ese estado, ya que “la comunidad mexicana en Arizona siente una profunda preocupación y una gran incertidumbre por los alcances de la ley SB1070”.
    Aunque no dio a conocer cifras, la Secretaría informó que transfirió recursos adicionales a las partidas de protección consular, por lo que éstas se duplicaron respecto al presupuesto asignado a principios de año.
    Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, reiteró su rechazo a la controvertida ley y aseguró que Washington “revisa las vías legales para revertir” esta medida.
Aunque reconoció que la promulgación de la ley SB1070 provocó un gran malestar en México, Pascual descartó que la medida empañe la relación bilateral entre ambas naciones.
En conferencia de prensa, ofrecida después de reunirse con el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, el diplomático estadunidense dijo que “en asuntos como el boicot hay un principio básico” que el gobierno de Obama apoya: “que la sociedad civil debe tener la libertad de demostrar lo que piensa, además tenemos un proceso legal que debe seguirse, así como el derecho de la comunidad de expresarse.”