MÉXICO, D.F., 15 de junio (apro).- Luego de la ejecución de 28 internos en el penal de Mazatlán, Sinaloa, considerada la peor masacre en la historia penitenciaria de esa entidad, el gobernador Jesús Aguilar Padilla reconoció que el ataque fue resultado de la corrupción que priva en el interior de la prisión.

“Hay que reconocer que hay corrupción, porque entraron dos armas cortas y una larga. Ya se está haciendo una investigación a detalle para fincar responsabilidades al director o al jefe de custodios o a quien resulte responsable”, declaró.

En entrevista radiofónica, Aguilar Padilla aseguró que por el momento el penal está custodiado y que se reforzaron los filtros y retenes en las aduanas de ingreso.

No obstante, reconoció que la situación actual es “de calma relativa y mucha expectativa y temor de la población penitenciaria”.
De acuerdo con el mandatario sinaloense, “las cárceles fueron diseñadas y construidas hace 40 años para otro tipo de delincuencia, y estos delincuentes altamente peligrosos, con nexos con grupos debidamente organizados, deberían estar en cárceles de máxima seguridad”.

Desgraciadamente, añadió, hay un déficit de cárceles de máxima seguridad en el país.

Asimismo, manifestó que la Federación y el gobierno de Sinaloa trabajan coordinadamente para evitar situaciones de ese tipo, y aclaró que no responsabiliza al gobierno federal del enfrentamiento en el que estuvieron implicados reos de alta peligrosidad.

Sin embargo, en declaraciones que hizo ayer, Aguilar Padilla comentó que los lamentables hechos se pudieron haber evitado con el traslado de los reos peligrosos a un penal federal, pero la Federación hizo caso omiso a la petición.

De inmediato, Patricio Patiño Arias, subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, rechazó las afirmaciones del gobernador sinaloense.

"La SSP de ninguna manera puede aceptar un comentario así, los sistemas penitenciarios, tanto estatal como federal, son responsabilidad de cada orden de gobierno", agregó.

Por separado, el alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez, secundó este martes las declaraciones que ayer hizo Aguilar Padilla en torno de la reubicación de los internos acusados y procesados por la comisión de delitos federales, y demandó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una investigación exhaustiva de los hechos para que se deslinden responsabilidades.

"Sería lo más prudente, que hubiera una separación de los reos de acuerdo con la peligrosidad. Son políticas que debe manejar la Secretaría de Gobernación y que amerita una mayor atención al tema", insistió López Sánchez.

La mañana de ayer, unos 60 internos armados con pistolas, rifles, puntas y un marro irrumpieron, entre las 9:30 y las 15:00 horas, en cuatro módulos del centro penitenciario y ejecutó a 28 internos, 17 a balazos y 11 con arma blanca, la mayoría de ellos integrantes de Los Zetas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, minutos después de realizar el cambio de turno de los agentes de la Policía Estatal y custodios, un grupo de más de 50 personas armadas con pistolas y rifles irrumpieron en el módulo 21, donde se ubicaban 18 reclusos, presuntamente ligados a Los Zetas, quienes participaron en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad en Playa Brujas y una casa de seguridad en Lomas de Mazatlán.

El grupo forzó el cerrojo y la puerta con un marro que cargaban. Con el mismo derribaron a su paso varias cámaras de videovigilancia que se encontraban en el trayecto.

Tras ingresar al módulo, al menos ocho personas armadas se ubicaron al frente y obligaron a los reclusos a replegarse en una de las esquinas y ahí les dispararon. De los 18 internos que se encontraban en el lugar, 17 perdieron la vida.

Los custodios, que llegaron tarde a la escena del crimen, encontraron todavía con signos vitales a uno de ellos, Rolando Omar Pimentel Mora, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a un hospital local, donde hasta las 21:00 horas de ayer fue reportado en estado grave, a causa de las heridas producidas por arma de fuego.

En el sitio, peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado recogieron más de 180 casquillos percutidos de distintos calibres, además de ocho armas de fuego y dos cargadores para rifle AK-47.

En el conteo inicial, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública no incluyeron tres muertos más que aparentemente formaban parte del grupo agresor, es decir, de matones al servicio del cártel de Juárez.

A pesar de que la fuerza pública tomó el control del penal, a las 13:30 horas una riña en el módulo 5 dejó como resultados dos víctimas más.

El salpicadero de sangre no paró ahí: A las 14:40 horas, las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de la muerte de cinco internos más en el módulo 11 y más tarde, a las 15:35 horas, la violencia alcanzó al módulo 9, donde tres internos fueron asesinados. Las tres víctimas tenían heridas producidas por arma blanca.

De acuerdo con la PGJE, las personas asesinadas son: Inri Arturo Vázquez Ulloa, Lisandro Peña Rodríguez, José Recobos Sánchez, Jesús Alberto Adame Sandoval, Jesús Antonio Reyes, Rolando Mirabete El Negro, Felipe Lizárraga Hernández y Santiago García Rivera.

También, Antonio Rafael Ibarra Peraza, Alejandro Acuña Miliano, José Sebastián Cázarez Lizárraga, Ignacio Cruz Acuña, Alfredo Félix Díaz, Alfonso Lucas García, José Ambrosio Navarro García, Jesús Osuna Beltrán, así como Pedro Zambrano Ojeda, Rodolfo Patrón Espinoza y Francisco Félix Lizárraga Ochoa.

Además, Said Ernesto Sánchez Hernández, Ricardo Lizárraga Patrón, Darío Mendoza Ortega, Javier Nevárez Lizárraga, Refugio Francisco Salinas, Mario Márquez Olvera, Diego Emir Sarabia Delgado, Jesús Manuel Heredia Castro y Pablo Alfredo Soto Castro.