Revisará la Corte dos amparos contra ley antiaborto de Colima

miércoles, 23 de junio de 2010

MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará dos amparos contra la ley antiaborto de Colima, promovidos por grupos feministas de esa entidad.

La Segunda Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción luego de que el ministro Fernando Franco González Salas hizo la solicitud, por considerar que “son asuntos de especial interés”.

Los amparos, que cuestionan la reforma a la Constitución de Colima –aprobada en 2009-- que protege la vida desde el momento de la concepción, fueron desechados en primera instancia por un juez de distrito que los declaró improcedentes. Actualmente, se encuentran en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito en dicho estado.

El ministro González Salas afirmó que el tema puede tener “alcances significativos” para la sociedad y los actos de gobierno, pues existe una “gran controversia” en relación con el derecho que debe prevalecer: el derecho a la vida a partir de la concepción el de las mujeres de evitar o interrumpir un embarazo no deseado.

Lo que se plantea en los dos amparos, explicó el ministro, “es que con la configuración de ese derecho, el Constituyente local afecta el ejercicio de otros derechos, también fundamentales, pero consagrados en la Constitución federal, como son las garantías de igualdad, de no discriminación, de protección a la salud, de audiencia, de legalidad, de religión, de libertad reproductiva y sexual, y del propio derecho a la vida, entre otras".

Los ministros tendrán que decidir si las promotoras de sendos amparos tienen interés jurídico para cuestionar una reforma de este tipo por su sola entrada en vigor y sin que exista algún acto de autoridad concreto que las afecte, antes de analizar sus argumentos de fondo sobre el tema.

Desde el año pasado, el ministro Fernando Franco González Salas está encargado de instruir una acción de inconstitucionalidad en la que se cuestiona una reforma similar a la Constitución de San Luis Potosí, una de las 17 entidades cuyas legislaturas han aprobado “leyes antiaborto”.

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