MÉXICO, D.F., 14 de julio (apro).- Los aliancistas Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez, gobernadores electos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, suscribieron un compromiso para cambiar la forma como gobernó el PRI en estos tres estados por más de ochenta años, aunque no descartaron incluir a priistas en sus administraciones.
En conferencia de prensa, los tres mandatarios estatales electos señalaron que encabezarán gobiernos de reconciliación social “sin rencores”, por lo cual prometieron que no habrá “cacería de brujas”, pero tampoco fomentarán la impunidad.
Los actuales gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Puebla, Mario Marín, han sido acusados de violar los derechos humanos. El primero, contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y, el segundo, contra la periodista Lydia Cacho.
Firmaron el compromiso para que su triunfo no sea sólo un cambio de personas y partidos, sino una oportunidad de mejoramiento económico, social, de instituciones y de convivencia política.
Asimismo, para promover que las alianzas que hicieron posible sus triunfos se trasladen al ámbito del Congreso de la Unión.
Denominado “Por un pluralismo eficaz, transparente y justo”, el compromiso de gobierno que contiene 12 puntos fue firmado por los tres gobernadores aliancistas, así como por los presidentes del PAN, César Nava; del PRD, Jesús Ortega; y de Convergencia, Luis Walton, así como por el coordinador del movimiento Diálogo por la Reconstrucción de México (Día), Manuel Camacho Solís.
Con matices, Mario López Valdez, conocido como Malova, gobernador electo de Sinaloa; Gabino Cué, de Oaxaca; y Rafael Moreno Valle, de Puebla, coincidieron en que no fomentarán la impunidad en sus estados y que gobernarán con “la ley en la mano”.
Prometieron que realizarán “los acuerdos y reformas necesarios para llegar a un pluralismo eficaz, transparente y justo”, responder al reclamo de “cambio con un buen gobierno, justicia e inclusión social”.
El gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, manifestó que buscará reestablecer la paz y gobernará conforme a la ley. Sobre las irregularidades que se destaparon en los medios de comunicación sobre la gestión de Ulises Ruiz dijo que se investigarían, pero recalcó que no habría cacería de brujas.
Por el contrario, López Valdés comentó que los actos de corrupción cometidos antes de su gobierno serán sancionados con el peso de la ley. “No seré tapadera de nadie, cómplice de nadie, no iré en una cacería de brujas, pero sí seré justo. Dejaré caer la espada de la justicia y quien esté abajo que haya cometido alguna irregularidad y si es acreedor de un castigo el peso de la ley seguramente le va a caer”.

El decálogo de gobierno
En doce puntos, establecieron que cumplirán con las promesas de campaña hechas a la ciudadanía. Sus gobiernos serán plurales “pero no de repartos de cuotas”, indicó Gabino Cué, cuyo equipo de transición está formado principalmente por excolaboradores del exgobernador José Murat.
Señalaron que respetarán las protestas políticas y sociales con independencia de las posiciones políticas de la izquierda y la derecha que se coaligaron; los funcionarios del gabinete serán escogidos independientemente de sus filiaciones partidistas.
No habrá “rencores”, pero tampoco “impunidad”, aunque su función, dijeron, es “reconciliar a la sociedad”, por lo que no criminalizarán la lucha social, aunque es una actitud promovida por una reforma al código penal elaborada por el gobierno del panista Felipe Calderón.
Informaron que preverán que persista esta alianza entre la izquierda y la derecha “en el Congreso”, aunque no precisaron si se refieren al ámbito local o al federal. “Los partidos políticos que formamos las alianzas apoyaremos la agenda legislativa y contribuiremos a la solidez de los gobiernos”, apuntaron en el escrito.
Los recursos, aseguraron, se ejercerán de manera austera y transparente, tanto en el ejercicio público como en la publicidad y para los medios de comunicación.
Impulsarán la “ciudadanización” de los órganos electorales “y para la orientación editorial de los medios de comunicación del estado”, apoyarán la mejor coordinación con el gobierno federal y los locales, privilegiarán las políticas sociales, atenderán los problemas de desempleo. Fomentarán la participación social de las comunidades, combatirán la pobreza y la desigualdad. Promoverán el desarrollo económico, entre otras cosas.
“En Oaxaca, Puebla y Sinaloa se ha iniciado un proceso de transición. Para nosotros no se trata de una entrega administrativa, sino de la oportunidad de enriquecer nuestras propuestas con la participación de los más prestigiados especialistas y de una representación amplia de la sociedad”, apuntaron.
Jesús Ortega afirmó que con esta agenda están rechazando la idea de que sería imposible elaborar un programa de gobierno entre la izquierda y la derecha.
“Nos pusimos de acuerdo en una propuesta y es la que recoge el sentir de la sociedad de Oaxaca, Puebla y Sinaloa: combate a la pobreza, seguridad, ejercicio de derechos, no corrupción y esos son los temas que le interesa a todo el país”, indicó.

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