MÉXICO, D.F., 15 de julio (apro).- Casi al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuraba su periodo de sesiones, en el que desahogaron casos relevantes, como el de la guardería ABC, el aborto, los matrimonios gay y San Salvador Atenco, familiares de los menores fallecidos hace poco más de un año en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, demandaron juicio político contra los ministros Sergio Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas. 
Entrevistado a las afueras del Senado, luego de presentar la solicitud de juicio político en la oficialía de partes, Julio César Márquez Ortiz, padre de Julio César Márquez Báez, quien murió tras el incendio en el centro infantil el 5 de junio de 2009, señaló que ambos ministros debieron haberse excusado de participar en la votación.
Márquez Ortiz afirmó que, con base en el artículo 109 Constitucional, los ministros González Salas y Valls Hernández incurrieron en responsabilidades que pueden ser consideradas como delitos.
En el caso del primero, agregó, tiene una hermana trabajando en el área de guarderías del IMSS, en tanto que el ministro Sergio Valls "fue parte activa" del Consejo Técnico de esa institución.
"Como padres de familia fue muy doloroso el sentido en que votaron algunos de los puntos, pero el problema de origen es que ellos están impedidos para participar en las discusiones", añadió Márquez Ortiz, casi un mes después de que la SCJN rechazó fincar responsabilidades en el caso ABC.
Y manifestó que aunque el juicio político no ha tenido éxito en México, lo que ellos buscan es que se imponga una penitencia a los ministros con el fin de sentar un precedente en este caso tan importante.
Además, advirtió que también presentarán la solicitud ante la comisión encargada del caso ABC que se formó en la Cámara de Diputados y que preside el perredista Emilio Serrano.
En días pasados, luego de conocer el dictamen de la SCJN, senadores advirtieron que el caso de la guardería ABC no estaba cerrado con el fallo del máximo tribunal y recomendaron a los padres de familia acudir a las instancias y tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como un primer paso, los afectados exigieron juicio político contra los dos ministros.
Y es que el caso ABC provocó grandes expectativas tras la difusión de un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que proponía revolucionar los alcances de la investigación de grave violación de garantías y señalar como responsables al titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, y al director del IMSS, Daniel Karam.
Sin embargo, esas esperanzas se vinieron abajo, luego de que la mayoría rechazó que la Corte pudiera otorgarse a sí misma facultades no previstas en ley, y luego de que, por seis votos contra cinco, los ministros resolvieron cargar el peso de la responsabilidad por la muerte de los 49 niños a a funcionarios de más bajo rango de las administraciones estatal y federal.

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