MÉXICO, D.F., 28 de julio  (apro).- El Congreso de la Unión hizo un reconocimiento a la juez federal Susan Bolton que ordenó la suspensión temporal de los puntos más polémicos de la ley SB1070 del estado de Arizona que criminaliza la migración ilegal.

Sin embargo, manifestó su “más enérgico rechazo” a la entrada en vigor de dicha ley, ya que criminaliza la migración ilegal en Estados Unidos y fomenta el racismo al autorizar la detención de las personas por su apariencia física para que demuestren su estatus legal.

La ley SB1070 fue aprobada por el Congreso del estado de Arizona y promulgada por la gobernadora Jan Brewer en abril pasado, pese al rechazo su concitó, incluso, del propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El primer minuto de este jueves 29 entró en vigor.

La Casa Blanca promovió una controversia contra la leY SB1070, ya que, a su juicio, las leyes y normas para atender la migración sólo le corresponden a las autoridades federales y no a las estatales.

La Bolton, de Phoenix, Arizona, encargada de analizar la controversia, dejó sin efecto tres aspectos básicos de dicha ley, sin embargo eso no impidió que a partir del primer minuto de este 29 de julio la ley entrara en vigor.

Hoy, al conocerse la decisión de la juez Bolton, el Congreso reconoció su labor; pero sostuvo su rechazo, aunque aclaró que respeta la soberanía de Estados Unidos y su derecho a decidir sobre su régimen interior y su potestad para dictar sus propias normas.

El Congreso mexicano respaldó también la posición del presidente Obama, que coincide con la de México. Sin embargo consideró que la entrada en vigor de dicha ley promueve la intolerancia y siembra rencor entre los dos pueblos “amigos y socios comerciales”.

Con la excepción del PAN, legisladores de todos los partidos recriminaron al gobierno federal no haber realizado esfuerzos insuficientes para detener dicha ley, por lo que exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que dé “puntual seguimiento  a cualquier incidente derivado” de la citada norma.

Finalmente, se exhortó tanto a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a que, en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre, “incluyan como asunto prioritario de trabajo la presentación, discusión y aprobación de una ley especifica en materia migratoria, dada la necesidad de contar con un marco jurídico moderno y eficaz que responda a la realidad regional actual”.