El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, tiene tintes ominosos. No sólo por la saña y la exhibición de poder que implica un homicidio así, sino por la naturaleza política de ese golpe del narco y porque ocurre en la “zona roja”, como ya se le conoce al corredor Nuevo León-Tamaulipas, donde los mayores cárteles del país, el del Golfo y el de Sinaloa, se enfrentan a uno de los más sanguinarios: Los Zetas. Y ahí sí, ni la PGR le entra. Aunque en este caso sí lo hará.

MÉXICO, D.F., 3 de julio (Proceso).- El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, perpetrado el lunes 28, ocurrió en el momento más álgido de la pugna que en esa entidad libran el cártel del Golfo y Los Zetas, grupo armado que según la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) ya es considerado un cártel bien establecido en el corredor Tamaulipas-Nuevo León y que sigue integrando a exmilitares mexicanos y guatemaltecos en su estructura.

A pesar de sus fisuras internas y del encono que priva desde 2003 por la detención de Osiel Cárdenas Guillén, su reconstructor, el cártel del Golfo es el segundo grupo criminal más poderoso del país, después del cártel de Sinaloa, que domina en todo el litoral mexicano del Pacífico.

El asesinato del candidato del PRI se presenta en un escenario trastocado por la falta de control militar, los desatinos de la política anticrimen del gobierno federal, la corrupción imperante en las filas policiacas y los choques armados que protagonizan el cártel del Golfo y Los Zetas, bandas que tras más de 12 años de alianza se están disputando los principales territorios del Golfo de México.

Luego del escándalo ocasionado por el asesinato de Torre Cantú, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado más a la unidad y pidió a la sociedad sumar fuerzas contra el crimen organizado, pero fue poco enfático al referirse al candidato priista, a pesar de la saña con la que fue ejecutado.

Es más, ni el escenario de violencia que vive Tamaulipas ni el uso de armas de alto poder en este crimen –por citar algunos elementos trascendentes –fueron suficientes para que el caso fuera atraído e investigado en el ámbito federal por la Procuraduría General de la República (PGR), que pintó su raya al erigirse sólo como autoridad coadyuvante de la indagatoria. Sin embargo, el viernes 2 por la noche la dependencia informó que atraería el caso al considerar que las pruebas desahogadas hasta entonces así lo ameritaban, abriendo la AP PGR/DGCAP/ZC/-IV/093/2010

La misma tarde del crimen, la PGR informó a través de una tarjeta informativa que había enviado a Tamaulipas a varios agentes del Ministerio Público federal y peritos para colaborar en la investigación que lleva a cabo la procuraduría estatal.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1757 de la revista Proceso, ya en circulación.