Amplían atribuciones de Fiscalía para Periodistas de la PGR

lunes, 5 de julio de 2010

MÉXICO, D.F., 5 de julio (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció hoy la constitución de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, que sustituirá a la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra Periodistas.

A diferencia de esta última, la nueva Fiscalía, que empezará a operar a partir de este martes, tendrá la facultad de atraer las investigaciones relacionadas con ataques y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de los medios de comunicación.

Según el acuerdo A/145/10 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la facultad de atracción se realizará siempre y cuando se trate de delitos federales que haya conocido el Ministerio Público del fuero común o, bien, de delitos del ámbito local pero que estén relacionados con ilícitos de carácter federal.

El documento establece que en caso de que en el curso de las investigaciones se tengan indicios que quienes perpetraron los ilícitos son miembros de la delincuencia organizada, la averiguación previa deberá ser turnada a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependencia que continuará con la indagatoria.

Asimismo, indica que será responsabilidad del titular de la nueva institución promover la cultura de la prevención del delito, el respeto y la difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y la información, a fin de proteger la seguridad de los comunicadores.

Además, dará seguimiento a acciones relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo, e informará de ello al procurador y a las asociaciones profesionales mundiales y nacionales de periodistas a través de mecanismos de concertación que se establezcan para tal efecto.

De acuerdo con informes de diversas organizaciones sociales de México, en el último año más de 180 periodistas y una veintena de medios de comunicación en el país fueron agredidos por razones vinculadas con su labor informativa, y en el mismo lapso 13 comunicadores fueron asesinados, sin contar la ejecución –el pasado 28 de junio, en Acapulco, Guerrero– del periodista Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvira Hernández Galeana.

La mayoría de los casos no han sido resueltos, y en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.

Según denuncias de las víctimas, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En el caso de la desaparición de María Esther Aguilar Cansimbe, el hecho se produjo días después de que la corresponsal publicara pormenores de la detención de Jorge García Garnica, El Bofo, quien era señalado como líder de La Familia Michoacana.

Cabe señalar que la Fiscalía que desaparecerá del organigrama de la PGR estaba a cargo de Ricardo Salas Chávez.

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