Militares alteraron la escena del crimen en el Tec de Monterrey, acusa la CNDH

jueves, 12 de agosto de 2010

MONTERREY, NL, 12 de agosto (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que un comandante del Ejército Mexicano es actualmente procesado por la Procuraduría de Justicia Militar por haber alterado la escena de los hechos durante la balacera en el Tecnológico de Monterrey, hechos en que murieron dos estudiantes de esa institución, el 19 de marzo pasado.

Lo anterior se desprende de la recomendación 45/210, en que la CNDH pide a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indemnice a los familiares de los universitarios Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, debido a “la responsabilidad institucional en la que incurrieron” los militares.

En el documento, avalado por el ombudsman nacional Raúl Plascencia, se destaca que todas las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación bloquearon el acceso a documentos a los visitadores que pretendían verificar la verdad histórica de los hechos.

También se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a que integre la recomendación a la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010, con el fin de que a los jóvenes fallecidos se les reconozca como víctimas del delito y sus familiares tengan acceso a los beneficios de ley.

En su recomendación 45/2010 fechada este 12 de agosto, se señala que no se cuenta con elementos para determinar quiénes asesinaron a los jóvenes en el interior del campus Monterrey de esa institución.

Sin embargo, en el texto se advierte que en la investigación se determinó que en el enfrentamiento entre el Ejército y presuntos miembros de la delincuencia organizada, se dio un “uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración en la escena de los hechos, así como ejercicio indebido de la función pública”.

La recomendación va dirigida al titular de la Sedena, Guillermo Galván; al procurador general de la República, Arturo Chávez, y al gobernador Rodrigo Medina.

Opacidad militar y ministerial

En el documento de 31 páginas se acreditan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, integridad y seguridad personal, al trato digno y a la información, tras la muerte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

En la recomendación, en la que se omiten los nombres de los testigos --se les señala únicamente con claves para proteger sus identidades--, se revelan las maniobras y simulaciones en que incurrieron las tres dependencias objeto de esta admonición.

Además, se revela cómo un elemento castrense habría alterado la escena de los hechos después de la balacera.

Las grabaciones en video, por ejemplo, fueron adulteradas. Ahora se sabe que el 6 de mayo pasado “un periodista”, que no es identificado, entregó a la CNDH un video con la grabación de los hechos que le había proporcionado la propia PGR.

La investigación arroja que el procurador Alejandro Garza y Garza inicialmente afirmó que los dos jóvenes muertos no eran estudiantes de la institución donde fallecieron.

Asimismo, se menciona que dos testigos entregaron al día siguiente de la balacera una videograbación a una persona identificada en la recomendación como “AR1”.

Luego de ello, el Ministerio Público federal acudió a las instalaciones del Tec a hacer una inspección ocular a las 23:30 del 20 de marzo y, al día siguiente, mediante el oficio 639/2010, pidió al entonces rector (Rafael Rangel Sostmann) le proporcionara las videograbaciones.

Se asienta que el 21 de marzo, a las 13:00, personal militar impidió al MP recabar las declaraciones de los agentes “AR5”, “AR6”, “AR7”, “AR8” y “AR9”, en el Hospital Militar Regional de la IV Región.

A diferencia de las versiones oficiales, que señalan que las armas usadas no eran las reglamentarias de la Sedena, en la recomendación se establece:

“El dictamen en balística forense, que consta en el oficio sin número de 21 de marzo de 2010, concluye que las armas de fuego, cartuchos y granadas relacionadas con el caso son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Armada y Fuerza Aérea Mexicana”.

Días después, el 25 de marzo, agentes de la PGR impidieron que visitadores de la CNDH consultara la averiguación previa del caso.

Luego, la Procuraduría de Justicia Militar giró orden de aprehensión en contra de un elemento castrense identificado como “AR2” por su probable comisión del delito contra la administración de la justicia, en su modalidad de alteración del lugar de los hechos, motivo por el cual se liberó orden de aprehensión que fue cumplida el 25 de junio.

En la parte de Observaciones de la recomendación, se asienta: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera necesario hacer patente que durante la investigación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia Militar las que, respectivamente, impidieron total o parcialmente el acceso a las actuaciones de las averiguaciones previas”.

Mientras efectuaba sus propias pesquisas, la CNDH fue sorprendida por la PGR. El 1 de mayo, Comunicación Social de esta última dependencia dio a conocer a la opinión pública información de la averiguación previa que anteriormente había negado a la propia Comisión Nacional.

En una de sus primeras conclusiones, el organismo advierte: “Con motivo de los obstáculos referidos en los párrafos anteriores, resulta necesario aclarar que esta Comisión Nacional no cuenta con elementos suficientes para definir quién fue el autor de la privación a la vida de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.

“Sin embargo, las evidencias recabadas permiten afirmar que el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la Unidad Móvil ‘Néctar Urbano 4’, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, lo cual tuvo como consecuencia, de manera directa o indirecta, la privación de su vida”.

En el oficio DH-V-3394 de la Sedena, fechado el 7 de abril, se refiere a que “AR2” era el comandante de la Unidad Móvil ‘Néctar Urbano 4’, integrada por los elementos citados en clave “AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25 y AR26”.

En su versión, los dos estudiantes habrían descendido de la camioneta Yukon de la que procedían los disparos de los agresores. Según esta especie, Arredondo y Mercado bajaron de la unidad y corrieron a refugiarse al campus.

Sin embargo, para la CNDH el análisis de los videos y la investigación posterior hacen inconsistente la postura castrense.
Al final, el ombudsman hace recomendaciones a Guillermo Galván Arturo Chávez y Rodrigo Medina para que sancionen las actuaciones indebidas de sus subalternos y colaboren con mayor eficacia en ocasiones posteriores.

Responde Sedena

En un escueto comunicado, la Sedena confirmó esta noche que recibió la recomendación 45/2010, emitida por la CNDH, relacionada con la muerte de dos jóvenes en el Tecnológico de Monterrey.

“De conformidad con el artículo 136 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta secretaría de Estado cuenta con 15 días hábiles para analizar los fundamentos en que se basó para la emisión de la recomendación”, acota el texto.