MÉXICO, D.F., 14 de septiembre (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, sigue en su empeño de que la Cámara de Diputados apruebe cuanto antes la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para legitimar la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico.
La ceremonia de clausura y apertura de cursos del sistema educativo militar que se realizó en el Colegio Militar, fue aprovechada por el general secretario para urgir de nuevo a los legisladores con el argumento de que sería “contraproducente” limitar la participación de las Fuerzas Armadas.
Es más, consideró “inviable” un retiro de tropas en el mediano plazo o siquiera una disminución gradual de los efectivos castrenses involucrados directamente en el combate al narcotráfico, estimados en unos 90 mil, casi la mitad del personal del Ejército, ya que ello sería interpretado como un signo de debilidad.
Uno de los temas más difíciles de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ver con el fuero militar. Por décadas, esa jurisdicción especial le ha permitido al Ejército investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos castrenses contra civiles, como las numerosas muertes de civiles cometidas por soldados y marinos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. El general aseguró que se trata de “casos aislados”.
En abril pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional apenas para abrir la posibilidad de que esos casos sean investigados por tribunales ordinarios.
La reforma fue rechazada por las autoridades militares, que buscan modificarla en la Cámara de Diputados.
Según el general secretario, el Ejército ya propuso “las modificaciones pertinentes al Código de Justicia Militar” para ajustar esa jurisdicción a las resoluciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, tras ser detenido por soldados en un retén militar, en 1974, durante la “guerra sucia”.
En su resolución, la Corte Interamericana le pidió al Estado mexicano modificar su legislación para que los militares dejen de investigarse a sí mismos.
El general Galván evitó precisar en qué consiste la reforma que propuso “en un comité interinstitucional” para modificar el Código de Justicia Militar.
Según el general, el Ejército también ha asimilado “con prudencia, sensatez y amplio criterio” las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en “aquellos casos aislados en los que, presuntamente, personal militar ha violentado estas garantías”.
El general Galván habló ante Calderón, el secretario de Marina, el almirante Mariano Saynez Mendoza, Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la semana pasada evitó definir los alcances de la resolución de Corte Interamericana.
Como en otras ocasiones desde que Calderón propuso la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, Galván dijo que con ella el Ejército no busca “privilegios especiales o espacios de impunidad”.
Aseguró que tampoco buscan injerir en la vida civil, pero advirtió que es necesario que el Ejército siga “constituyendo un valladar firme” a la expansión de las organizaciones delictivas.
“Los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden que en el mediano plazo es inviable un retiro de tropas. Incluso, estimamos que resultaría contraproducente un repliegue o una disminución gradual de los efectivos participantes” en el combate a la delincuencia organizada, dijo.
Reiteró también que esa presencia es “coyuntural”, pero que los militares regresarán a sus cuarteles hasta que se depuren, adiestren y reorganicen los cuerpos policiales.