MÉXICO, D.F., 3 de septiembre (apro).- Cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana acordaron hoy solicitar al gobierno mexicano la creación de un observatorio de derechos humanos, con el propósito de proteger a los inmigrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos.

En una reunión en la ciudad de Antigua, Guatemala, los funcionarios centroamericanos manifestaron "la necesidad de establecer en el menor tiempo posible un observatorio de derechos humanos y convocar a la mayor brevedad a una reunión extraordinaria del diálogo Sica-México sobre seguridad democrática, a efecto de tomar medidas concretas".

Dicha propuesta surgió en el marco del encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).

En un comunicado conjunto, los cancilleres de los siete países demandaron al gobierno del presidente Felipe Calderón que continúe con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la masacre de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, así como la adopción de mecanismos que eviten hechos de violencia contra los inmigrantes.

Además, expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y garantizaron que las autoridades de los países involucrados (Guatemala, El Salvador y Honduras) harán un seguimiento de las pesquisas.

De acuerdo con diversas denuncias de organizaciones no gubernamentales, cerca de 500 mil inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, tratan de cruzar México para llegar a Estados Unidos, escondidos en vagones de carga del ferrocarril o en camiones, y grupos de la delincuencia organizada, como Los Zetas, los interceptan, a veces con la complicidad de las policías locales.

Cadáveres podrán permanecer un año en Semefo

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informaron este jueves que los cuerpos de 56 migrantes centroamericanos y sudamericanos asesinados en Tamaulipas, que siguen sin ser identificados, podrán permanecer como máximo un año en las instalaciones del servicio Médico Forense (Semefo) de la capital.

En total, los cuerpos depositados corresponden a 43 hombres y 13 mujeres, todos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyos especialistas realizarán una serie de pruebas en materia de antropología forense y genética.

Los cadáveres podrán permanecer un máximo de 12 meses en el área de anfiteatros, a la espera de ser plenamente identificados y reclamados legalmente por las representaciones diplomáticas de sus respectivos países.

En caso de que lo anterior no ocurra, se determinaría su traslado a una fosa común, como lo indica el reglamento del Semefo.