Urgen políticas públicas para atender la trata de personas: CDHDF

viernes, 3 de septiembre de 2010 · 01:00

MEXICO, D.F., 3 de septiembre (apro).- El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, afirmó que el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y jóvenes en México es de tal magnitud inquietante que requiere de profundos cambios legales, entre otras variables.
    Al inaugurar el Cuarto Diplomado “Trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes con perspectivas de género”, González Placencia dijo que dichas variables tienen que ver con la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ese sector de la población.
    El ombdusman capitalino subrayó que se requieren cambios no sólo en el ámbito legal, sino en comportamientos y actitudes, porque, dijo, con frecuencia el problema es banalizado o minimizado, “al grado de decir que, por circunstancias de la vida una persona, es colocada en calidad de mercancía”.
    Dijo que se necesitan políticas públicas para abordar el problema de la trata de personas desde una perspectiva de género y derechos humanos.
    El ombudsman capitalino llamó a dejar las “actitudes formalistas” que han provocado que sólo haya una condena por el delito de
trata de personas en el país.
    “Tenemos dificultades en el Distrito Federal y en el resto del país
porque el tipo de trata es limitado, por lo que existe la necesidad de
adecuarlo al Protocolo de Palermo para tener mayores herramientas para
perseguirlo”, señaló.
    A su vez, la directora de Infancia Común, Mayra Rojas, dijo que la trata de personas con fines de explotación sexual de niños y jóvenes es una de las actividades más lucrativas, ya que en el mundo un millón 200 mil
personas están en esa situación, según la UNICEF.
    Agregó que en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, 70 mil personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud.
    Consideró que representa una de las violaciones más graves a los derechos de la infancia y tiene como fondo la exclusión social, educativa, y económica, lastimando su libre desarrollo.

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