Acusa Calderón: juez del michoacanazo desvirtuó pruebas

jueves, 30 de septiembre de 2010

MÉXICO, D.F., 30 de septiembre (apro).- El presidente Felipe Calderón defendió la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el “michoacanazo” que derivó en la detención de 35 servidores y exservidores públicos de Michoacán, de los cuales 34 fueron absueltos, entre ellos 12 alcaldes, y acusó al juez de la causa de haber “desvirtuado” las pruebas incriminatorias.
    En una entrevista telefónica con el noticiario de televisión del Grupo Marmor, Calderón dijo que la PGR, en coordinación con las fuerzas armadas, implementó el operativo de arresto masivo en mayo de 2009, en vísperas de las elecciones locales, porque tenía “una convicción elemental” de la existencia de delitos y de la presunta responsabilidad de funcionarios y exservidores públicos con el crimen organizado.
    Dos años después de los sucesos, 34 de los detenidos han quedado en libertad por falta de pruebas. De ellos, 22 fueron absueltos por el juez primero de Distrito, con sede en Michoacán, Efraín Cázares López, contra quien la PGR interpuso un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, según informó, en conferencia de prensa, el propio titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez.
    Sin embargo, Calderón dijo hoy que la actuación de la PGR estuvo apegada a derecho, y rechazó que haya tenido tintes políticos; el objetivo, agregó, fue “preservar la seguridad” de los michoacanos.
    La entrevista se llevó a cabo antes de que el presidente Calderón encabezara la ceremonia conmemorativa por el 245 aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón, donde intercambió reproches con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
“Las actuaciones de la PGR han sido apegadas a derecho, con la finalidad de preservar la seguridad de los michoacanos; y consecuentemente tener cero tolerancia para los criminales y para quienes los encubren, porque una parte muy importante del fenómeno delincuencial que padece este estado y muchos en el país, es precisamente un fenómeno del andamiaje, cobertura social o política que facilita obviamente la acción de los criminales”, reiteró.
Sin admitir un eventual fracaso de la PGR por la excarcelación de casi todos los implicados (sólo permanece detenido el exalcalde de Múgica, Armando Medina Torres), el presidente Calderón afirmó que el proceso no ha concluido.
“Es evidente que es un proceso que continúa su curso, porque, hasta donde entiendo, la PGR ha apelado diversas resoluciones del juez primero de lo Penal radicado en Morelia; y lo que me hacía observar el procurador, por ejemplo, se ha exonerado a funcionarios con argumento que a juicio de Arturo Chávez Chávez, son argumentos infundados y los elementos incriminatorios son de diversos tipos”, explicó.
Insistió que algunos testigos afirman que varios de los servidores públicos implicados en el caso sí tienen vínculos con el crimen organizado. “Hay evidencias que se han encontrado en diversos cateos, que se han practicado bajo autorización judicial en acciones de persecución de delincuentes, en donde se han encontrado listas de pago de los criminales hacia las autoridades, en donde aparecen varios de los involucrados; hay también, según entiendo, grabaciones telefónicas, que fueron exhibidas ante el juzgador, donde se prueba el vínculo especifico de algunos de ellos con criminales”, agregó.
Sin embargo, recalcó que el juez “desvirtuó” dichas pruebas, ya que “por ejemplo”,  no le dio validez al testimonio de varios testigos, en los que hacen imputaciones contra algunos de estos servidores, con el argumento de que los testigos, no digo los inculpados, no estaban acompañados de un abogado.
Calderón añadió que esa determinación del juez “es totalmente absurda y, además, ilegal”, porque, a su juicio, los testigos, sobre todo cuando acuden por su propia voluntad no requieren estar acompañados de un abogado: “Son testigos, no son inculpados, no son reos, no son acusados, son testigos y, por consecuencia, pues, no requieren estar acompañados de un abogado; y en cualquier caso no puede invalidar su testimonio, como lo hizo el juez primero de lo penal según ha reportado el procurador.”
Sin embargo, que respeta la decisión de los tribunales. Por esa misma razón, agregó, la PGR ha continuado el procedimiento ahora con estos 34 exfuncionarios en libertad, conforme a los principios de presunción de inocencia.
Subrayó que en este caso subyacen en el fondo dos cosas: “Primero, una problemática muy severa en el Estado y en México, que es la actuación de la criminalidad, que no había encontrado prácticamente resistencia durante muchos años y, como consecuencia, se había enseñoreado de pueblos, de comunidades y la sociedad en muchas partes del país, por desgracia en algunas partes de Michoacán. Y, segundo, la determinación de mi gobierno de lograr preservar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, para lo cual se requiere un compromiso firme perseverante de acción de la justicia en todos los casos en que se encuentren evidencias, que es precisamente el caso que nos ocupa.”
Lamentó que este asunto, “de legalidad, de justicia”, haya polarizado a grupos políticos.
Por otra parte, Calderón reconoció que su estado natal es una de las entidades que más rápidamente ha visto deteriorada la seguridad de sus ciudadanos. Como ejemplo, dio a conocer que de acuerdo con los monitoreos de criminalidad, que se hacen junto con el Observatorio Ciudadano en materia de seguridad, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y ahora Michoacán son los estados donde se registran mayores índices de criminalidad, sobre todo vinculadas a extorsiones o secuestros.
En ese sentido, señaló que en  Michoacán se somete a un proceso de “depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la Policía Estatal concretamente, de la Procuraduría de Justicia y sus ministerios públicos y, desde luego, a nivel federal lo que ya estamos haciendo, para que se realice un cambio fundamental en la manera en que se le provee al ciudadano, tanto del servicio elemental de seguridad, del cual carece por desgracia”.