Pide Amnistía a la Corte cumplir fallo sobre el caso Radilla

lunes, 6 de septiembre de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- Amnistía Internacional (AI) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cumplir de manera “irrestricta” con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), sobre el caso Rosendo Padilla Pacheco, a finales del año pasado.
    Radilla Pacheco, un líder campesino de Atoyac de Álvarez, fue detenido por militares en un retén militar en 1974, y desde entonces no se volvió a saber de él.
Familiares del Radilla, interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, organismo que en 2008 demandó a México ante la Coidh por incumplimiento de las recomendaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y localización del campesino.
    En un comunicado, el organismo internacional resaltó que el acatamiento de la sentencia del tribunal internacional no sólo significaría el respeto a los tratados internacionales firmados por México, sino que será “un avance importante en el reconocimiento y respeto al derecho internacional de los derechos humanos en México”.
    La organización humanitaria recordó que en apego a los tratados internacionales firmados por México, Convención Americana de Derechos Humanos, el reconocimiento de la jurisdicción de la Coidh, así como la Convención de Viena, los ministros de la SCJN no tendrían más opción que confirmar la obligatoriedad de todos los órganos del Estado mexicano a acatar la sentencia del caso Radilla.
    Consideró que la aceptación de la sentencia de la Coidh por parte de la SCJN “abrirá un camino muy importante en la esfera jurisdiccional de México”, sin embargo, resaltó que faltará aún “la acción del Ejecutivo y de la Legislatura para adecuar apropiadamente la legislación doméstica, atendiendo así a los otros elementos de la sentencia del caso Radilla”.
Amnistía Internacional consideró que “dichos órganos y sus autoridades no debería dilatar en modo alguno el cumplimiento de estas tareas”.
    Recordó que el mensaje central de la sentencia emitida en noviembre de 2009, es que “cuando se imputen violaciones a derechos humanos a militares, sea la jurisdicción ordinaria, no la militar, la única competente para investigar, juzgar y sancionar el caso”.
     Puntualizó que autoridades federales, estatales y municipales, se han resistido a acatar la sentencia, lo que se ha convertido en “un freno al cumplimiento (…) convirtiendo en por lo menos precario el respeto del Estado mexicano a sus compromisos jurídicos internacionales”.
    “Una resolución positiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –insistió Amnistía— es, por consiguiente, esencial para mostrar que la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Coidh por parte del Estado mexicano, constituyen compromisos jurídicos firmes y serios.”
    El cumplimiento de la sentencia, puntualizó la organización internacional, deberá permitir que en los tribunales domésticos se atiendan casos sobre desaparición forzada.
    El respaldo a la ponencia del ministro Cossío permitiría que “el sistema de justicia en México ampare el camino a la justicia, verdad y reparaciones para la familia de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada por el ejército en 1974”, concluyó Amnistía Internacional.